El financiamiento del sistema previsional y las obligaciones fiscales de las instituciones educativas quedaron en el centro de una compleja batalla legal de alcance federal. La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA) presentó una demanda formal ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de que se declare la inconstitucionalidad de la reforma que obliga a los colegios privados a redireccionar los aportes de una parte sustancial de su personal hacia las arcas provinciales.

La controversia técnica se originó a partir de la vigencia del artículo 59 de la Ley de Presupuesto provincial impulsada por la administración de Axel Kicillof. Dicha normativa estipula que los docentes extraprogramáticos —aquellos profesionales encargados de dictar materias o talleres optativos por fuera de la currícula oficial obligatoria— y la totalidad del personal auxiliar y no docente de los establecimientos privados dejen de tributar al sistema de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y pasen a encuadrarse de forma obligatoria en el régimen del Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense.

Un conflicto de competencias que alcanza a 55.000 trabajadores

De acuerdo con las proyecciones estadísticas elaboradas por las cámaras empresariales del sector educativo, el impacto de la medida administrativa es de gran magnitud:

• Volumen del traspaso: Se estima que la modificación previsional alcanza a un universo de entre 50.000 y 55.000 trabajadores en actividad dentro del territorio bonaerense, incluyendo personal de maestranza, administrativos, secretarios y docentes especiales de talleres complementarios.
• Doble imposición y vacío legal: El secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, explicó que las escuelas se encuentran atrapadas en una encrucijada legal. "El problema central no es la voluntad de cumplir con las obligaciones, sino la absoluta falta de certeza jurídica. Las instituciones siguen alcanzadas por leyes nacionales vigentes y no existe, hasta el momento, una norma del Congreso de la Nación o de la Anses que las libere expresamente de aportar al régimen nacional", argumentó el directivo.

Impacto en los costos de los colegios y en el salario de bolsillo

Desde la entidad que nuclea a los colegios privados advirtieron que la implementación del artículo 59 generará un perjuicio económico inmediato y simultáneo sobre las finanzas de las instituciones y sobre el poder adquisitivo de los propios trabajadores de la educación.

Por el lado patronal, la medida incrementará de forma directa el costo laboral de las escuelas. Al migrar los legajos al ámbito provincial, los establecimientos corren el riesgo de perder la aplicabilidad del beneficio diferencial de contribuciones patronales que rige a nivel nacional para las instituciones incorporadas a la enseñanza oficial. Por el lado de los empleados, el traspaso significará una merma en sus ingresos mensuales netos, debido a que la alícuota de aporte personal que retiene el IPS bonaerense es técnicamente superior al porcentaje de descuento establecido en el sistema integrado nacional.

Régimen Previsional Objeto de Disputa	Población del Colegio Afectada	Impacto Financiero Patronal	Efecto en el Salario del Trabajador
Régimen Nacional (Anses)	Docentes programáticos de planta oficial.	Acceso a alícuotas y exenciones diferenciales de contribuciones patronales.	Descuento de ley estándar según el Sistema Integrado Previsional Argentino.
Régimen Provincial (IPS)	Docentes extraprogramáticos, administrativos y auxiliares.	Pérdida de beneficios fiscales nacionales y encarecimiento del costo laboral total.	Reducción del salario de bolsillo por mayor porcentaje de retención personal obligatoria.

La presentación judicial ante el máximo tribunal bonaerense busca frenar la aplicación de las penalidades por parte de la agencia de recaudación local. Para las autoridades de AIEPA, la apertura de la vía judicial confirma que la discusión excede los márgenes de un mero trámite administrativo o de una paritaria local, para transformarse en un debate de fondo sobre la supremacía normativa, la delimitación de competencias entre la Nación y las provincias, y la propiedad de los recursos destinados a sostener la seguridad social.