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El Senado sancionó la ley de propiedad privada y restituyó los límites a la venta de tierras rurales a extranjeros
Con 42 votos afirmativos y 26 negativos, la Cámara alta convirtió en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tras aceptar las modificaciones introducidas por Diputados. La norma vuelve a poner en vigencia la Ley de Tierras de 2011 —derogada por el DNU 70/2023—, establece mecanismos judiciales sumarísimos para agilizar desalojos, endurece los requisitos para las expropiaciones estatales y amplía el régimen de regularización de escrituras.
El Senado de la Nación convirtió en ley, tras aceptar los cambios introducidos por la Cámara de Diputados, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que restituye la vigencia de la Ley de Tierras Rurales de 2011 —que había sido derogada por el DNU 70/2023—, agiliza los procesos judiciales de desalojo ante ocupaciones ilegales, restringe las expropiaciones estatales y modifica el régimen de regularización dominial para viviendas.
La norma cosechó 42 votos afirmativos aportados por La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, Despierta Chubut, Provincias Unidas, Convicción Federal y representantes del Movimiento por Misiones; mientras que recibió 26 votos negativos provenientes del bloque Justicialista, Movere Santa Cruz, La Neuquenidad, Primero los Salteños, el Frente Cívico de Santiago del Estero y Justicia Social.
El proyecto había ingresado al Congreso en marzo de 2026 por impulso del Poder Ejecutivo. Durante su primer tratamiento en la Cámara alta en agosto, el oficialismo debió retirar los capítulos referidos a la extranjerización de tierras y al manejo del fuego por falta de consensos. Posteriormente, Diputados reincorporó la Ley de Tierras en el marco de la disputa judicial y parlamentaria en torno al DNU 70/2023, modificación que finalmente fue aceptada por el Senado para convertir la propuesta en ley.
A través de dos artículos incorporados en la Cámara baja, se dejó sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023 y se restableció plenamente la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, lo que implica el retorno de los topes vigentes desde 2011:
En materia procesal, la ley dispone que las acciones de desalojo de inmuebles urbanos y rurales tramiten mediante vía sumarísima. Frente a usurpaciones o tenencias precarias, el juez podrá ordenar la restitución anticipada del bien si considera verosímil el derecho invocado y se presenta caución juratoria, contemplándose además la intimación a devolver la propiedad en un plazo de 72 horas ante titularidad acreditada. Para los conflictos derivados de contratos de alquiler por falta de pago, en cambio, se exige una intimación fehaciente previa con un plazo mínimo de diez días corridos antes de iniciar la demanda.
Por otra parte, la reforma modifica la Ley 21.499 de Expropiaciones, exigiendo que la declaración de utilidad pública se interprete de manera restrictiva, fundamente su objetivo específico y resulte idónea, necesaria y proporcional. Asimismo, fija que las indemnizaciones contemplen el valor objetivo de mercado, los daños directos y el lucro cesante —con un tope general del 30% sobre el daño emergente salvo prueba en contrario—, actualizados según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la tasa del Banco Nación a 30 días.
Finalmente, la sanción actualiza la Ley 24.374 (Ley Pierri) para facilitar el acceso a escrituras a quienes acrediten una posesión pública, pacífica y continua durante al menos diez años en inmuebles urbanos edificados destinados a vivienda única y permanente, incorporando también a agricultores familiares respecto de los predios rurales donde residen y producen.
La norma cosechó 42 votos afirmativos aportados por La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, Despierta Chubut, Provincias Unidas, Convicción Federal y representantes del Movimiento por Misiones; mientras que recibió 26 votos negativos provenientes del bloque Justicialista, Movere Santa Cruz, La Neuquenidad, Primero los Salteños, el Frente Cívico de Santiago del Estero y Justicia Social.
El proyecto había ingresado al Congreso en marzo de 2026 por impulso del Poder Ejecutivo. Durante su primer tratamiento en la Cámara alta en agosto, el oficialismo debió retirar los capítulos referidos a la extranjerización de tierras y al manejo del fuego por falta de consensos. Posteriormente, Diputados reincorporó la Ley de Tierras en el marco de la disputa judicial y parlamentaria en torno al DNU 70/2023, modificación que finalmente fue aceptada por el Senado para convertir la propuesta en ley.
Restitución de la Ley de Tierras Rurales y sus límites
A través de dos artículos incorporados en la Cámara baja, se dejó sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023 y se restableció plenamente la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, lo que implica el retorno de los topes vigentes desde 2011:
- Tope general del 15%: porcentaje máximo de tierras rurales que pueden estar en manos extranjeras en todo el territorio nacional, límite que también rige sobre la superficie rural de cada provincia y municipio.
- Límite por nacionalidad del 30%: porcentaje máximo que puede concentrar una misma nacionalidad extranjera dentro del cupo permitido.
- Tope de superficie por titular: restricción de 1.000 hectáreas en la zona núcleo —o superficies equivalentes según ubicación y productividad— para un mismo titular extranjero, además de la prohibición de adquirir inmuebles ribereños de cuerpos de agua permanentes y de envergadura o ubicados en zonas de seguridad de frontera.
Desalojos sumarísimos, expropiaciones y escrituración
En materia procesal, la ley dispone que las acciones de desalojo de inmuebles urbanos y rurales tramiten mediante vía sumarísima. Frente a usurpaciones o tenencias precarias, el juez podrá ordenar la restitución anticipada del bien si considera verosímil el derecho invocado y se presenta caución juratoria, contemplándose además la intimación a devolver la propiedad en un plazo de 72 horas ante titularidad acreditada. Para los conflictos derivados de contratos de alquiler por falta de pago, en cambio, se exige una intimación fehaciente previa con un plazo mínimo de diez días corridos antes de iniciar la demanda.
Por otra parte, la reforma modifica la Ley 21.499 de Expropiaciones, exigiendo que la declaración de utilidad pública se interprete de manera restrictiva, fundamente su objetivo específico y resulte idónea, necesaria y proporcional. Asimismo, fija que las indemnizaciones contemplen el valor objetivo de mercado, los daños directos y el lucro cesante —con un tope general del 30% sobre el daño emergente salvo prueba en contrario—, actualizados según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la tasa del Banco Nación a 30 días.
Finalmente, la sanción actualiza la Ley 24.374 (Ley Pierri) para facilitar el acceso a escrituras a quienes acrediten una posesión pública, pacífica y continua durante al menos diez años en inmuebles urbanos edificados destinados a vivienda única y permanente, incorporando también a agricultores familiares respecto de los predios rurales donde residen y producen.

