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Más de 6 millones de argentinos registran deudas impagas y el nivel de irregularidad alcanza máximos desde la crisis de 2001
Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en base a estadísticas del Banco Central y la Central de Deudores reveló que la irregularidad crediticia de los hogares en el sistema financiero trepó al 7,5% en septiembre, configurando el registro más elevado desde el colapso económico de 2001. El fenómeno se encuentra fuertemente traccionado por el endeudamiento de las familias y expone el severo impacto del modelo económico sobre los ingresos y el consumo.
La crisis económica y el deterioro del poder adquisitivo continúan profundizando el endeudamiento de la población, de acuerdo con un riguroso estudio difundido por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre datos oficiales del Banco Central (BCRA) y la Central de Deudores (CENDEU). El informe advierte que la irregularidad crediticia de los hogares argentinos en el sistema financiero alcanzó niveles récord hacia el tercer trimestre de 2026, ubicando el ratio de incumplimiento del sector privado con entidades bancarias en un 7,5% en septiembre.
Si bien el índice registró una leve baja por segundo mes consecutivo, los analistas señalan que las reducciones son marginales y aún no logran consolidar un proceso de desendeudamiento sostenible, manteniéndose en umbrales sumamente elevados si se los compara con el 2,5% verificado en octubre de 2024. Al desagregar el indicador, el peso de la mora recae abrumadoramente sobre las familias, cuyo índice de irregularidad trepó al 12,2% en el noveno mes del año, mientras que las empresas exhibieron un nivel de morosidad sensiblemente menor, ubicado en el 3,9%.
En términos absolutos, el panorama social adquiere dimensiones críticas: sobre un universo total de 21,4 millones de deudores en el país, unos 6,07 millones de individuos se encuentran actualmente en situación de mora. Dicha cifra equivale al 37,9% de la Población Económicamente Activa (PEA) y al 18,1% de los adultos de la Argentina. Al analizar la procedencia de esos incumplimientos, el relevamiento detalla que 2,93 millones de personas operan exclusivamente con billeteras virtuales, 1,7 millones mantienen deudas solo con el sistema bancario tradicional y 1,45 millones acumulan atrasos impagos en ambos tipos de plataformas financieras.
Dentro del sistema bancario tradicional, la morosidad residencial se concentró de manera categórica en dos instrumentos específicos: los préstamos personales, que marcaron una mora del 17% en agosto, y las tarjetas de crédito, que alcanzaron el 12,2%. En conjunto, ambas herramientas financieras explican el 71,8% del saldo irregular acumulado por los hogares en la banca formal.
Sin embargo, el cuadro financiero se vuelve exponencialmente más delicado al incorporar al análisis a los Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC), rubro que engloba a las billeteras virtuales, las fintech y las cadenas comerciales. En este segmento, la morosidad familiar protagonizó un salto fenomenal al pasar del 7,3% registrado en noviembre de 2024 al 34,6% en septiembre de 2026, perforando y superando ampliamente el techo histórico del 27,1% que se había marcado durante la pandemia, en mayo de 2020. Al consolidar ambos universos —bancos y proveedores no financieros—, la irregularidad total de las familias se posiciona en torno al 15,4%.
La gravedad del deterioro crediticio se refleja también en la calidad de las deudas acumuladas. El informe del CEPA detalla que el 68% de los morosos, equivalentes a 4,13 millones de personas, se encuentra actualmente en Situación 5, catalogada como de carácter irrecuperable al arrastrar impagos por un plazo superior a un año. En el plano monetario, la Situación 4 (que denota alto riesgo de insolvencia) concentra un volumen de $6,77 billones, de los cuales $5.14 billones corresponden a la banca tradicional; en tanto que la Situación 5 acumula $5,37 billones, siendo las billeteras virtuales las responsables del 59,5% de ese capital incobrable, equivalente a $3,19 billones.
Detrás de esta escalada en los niveles de incumplimiento subyace el fuerte impacto del modelo económico sobre el bolsillo de los trabajadores. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, el salario real de los asalariados registrados sufrió un desplome del 7% medido según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) oficial, y de hasta un 17,6% al actualizar la canasta de consumo mediante la metodología de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo 2017/18).
Este proceso de empobrecimiento estuvo precedido por una fuerte expansión del crédito al consumo registrada a lo largo de 2025, período en el que la financiación real creció un 31,3%. No obstante, ante el acelerado deterioro de las carteras y el incremento de la morosidad, las entidades financieras y crediticias se vieron forzadas a endurecer severamente su oferta, provocando una contracción real del 9,4% en los nuevos financiamientos al consumo durante los primeros diez meses de 2026.
El estudio del CEPA remarca la existencia de un marcado sesgo demográfico y geográfico en la morosidad. El 70,8% de los morosos —es decir, 4,29 millones de personas— tiene entre 25 y 54 años, golpeando de manera directa a jefes y jefas de hogar en edad económicamente activa. Desde una perspectiva regional, las tasas de irregularidad más elevadas se concentran en provincias cordilleranas como La Rioja (23,8%), Santa Cruz (21,7%), Catamarca (21,5%) y San Luis (21,5%). En contraste, los saldos promedio adeudados más altos se localizan en la región patagónica y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encabezados por Tierra del Fuego ($4,98 millones), Santa Cruz ($4,41 millones) y CABA ($4,11 millones), frente a un promedio nacional que se ubica en los $2,56 millones.
Finalmente, el desglose por entidad emisora evidencia una marcada dispersión con tasas críticas en bancos comerciales orientados al consumo masivo, tales como el Banco Sáenz (51,3%) y Carrefour (50,4%). La situación se torna extrema al examinar plataformas digitales y cadenas comerciales de electrodomésticos y retail, donde se registran marcas alarmantes como Mins (91%), Crediar - Cetrogar (76,3%), Credikot (75,6%) y Musimundo (63,5%), reflejando el colapso de la cadena de pagos en los sectores de menores recursos.
Si bien el índice registró una leve baja por segundo mes consecutivo, los analistas señalan que las reducciones son marginales y aún no logran consolidar un proceso de desendeudamiento sostenible, manteniéndose en umbrales sumamente elevados si se los compara con el 2,5% verificado en octubre de 2024. Al desagregar el indicador, el peso de la mora recae abrumadoramente sobre las familias, cuyo índice de irregularidad trepó al 12,2% en el noveno mes del año, mientras que las empresas exhibieron un nivel de morosidad sensiblemente menor, ubicado en el 3,9%.
En términos absolutos, el panorama social adquiere dimensiones críticas: sobre un universo total de 21,4 millones de deudores en el país, unos 6,07 millones de individuos se encuentran actualmente en situación de mora. Dicha cifra equivale al 37,9% de la Población Económicamente Activa (PEA) y al 18,1% de los adultos de la Argentina. Al analizar la procedencia de esos incumplimientos, el relevamiento detalla que 2,93 millones de personas operan exclusivamente con billeteras virtuales, 1,7 millones mantienen deudas solo con el sistema bancario tradicional y 1,45 millones acumulan atrasos impagos en ambos tipos de plataformas financieras.
Segmentos críticos: el impacto en los bancos tradicionales y el salto histórico en las billeteras virtuales
Dentro del sistema bancario tradicional, la morosidad residencial se concentró de manera categórica en dos instrumentos específicos: los préstamos personales, que marcaron una mora del 17% en agosto, y las tarjetas de crédito, que alcanzaron el 12,2%. En conjunto, ambas herramientas financieras explican el 71,8% del saldo irregular acumulado por los hogares en la banca formal.
Sin embargo, el cuadro financiero se vuelve exponencialmente más delicado al incorporar al análisis a los Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC), rubro que engloba a las billeteras virtuales, las fintech y las cadenas comerciales. En este segmento, la morosidad familiar protagonizó un salto fenomenal al pasar del 7,3% registrado en noviembre de 2024 al 34,6% en septiembre de 2026, perforando y superando ampliamente el techo histórico del 27,1% que se había marcado durante la pandemia, en mayo de 2020. Al consolidar ambos universos —bancos y proveedores no financieros—, la irregularidad total de las familias se posiciona en torno al 15,4%.
La gravedad del deterioro crediticio se refleja también en la calidad de las deudas acumuladas. El informe del CEPA detalla que el 68% de los morosos, equivalentes a 4,13 millones de personas, se encuentra actualmente en Situación 5, catalogada como de carácter irrecuperable al arrastrar impagos por un plazo superior a un año. En el plano monetario, la Situación 4 (que denota alto riesgo de insolvencia) concentra un volumen de $6,77 billones, de los cuales $5.14 billones corresponden a la banca tradicional; en tanto que la Situación 5 acumula $5,37 billones, siendo las billeteras virtuales las responsables del 59,5% de ese capital incobrable, equivalente a $3,19 billones.
El trasfondo macroeconómico: caída de ingresos y contracción del crédito
Detrás de esta escalada en los niveles de incumplimiento subyace el fuerte impacto del modelo económico sobre el bolsillo de los trabajadores. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, el salario real de los asalariados registrados sufrió un desplome del 7% medido según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) oficial, y de hasta un 17,6% al actualizar la canasta de consumo mediante la metodología de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo 2017/18).
Este proceso de empobrecimiento estuvo precedido por una fuerte expansión del crédito al consumo registrada a lo largo de 2025, período en el que la financiación real creció un 31,3%. No obstante, ante el acelerado deterioro de las carteras y el incremento de la morosidad, las entidades financieras y crediticias se vieron forzadas a endurecer severamente su oferta, provocando una contracción real del 9,4% en los nuevos financiamientos al consumo durante los primeros diez meses de 2026.
Sesgo etario, disparidad regional y tasas extremas según la entidad
El estudio del CEPA remarca la existencia de un marcado sesgo demográfico y geográfico en la morosidad. El 70,8% de los morosos —es decir, 4,29 millones de personas— tiene entre 25 y 54 años, golpeando de manera directa a jefes y jefas de hogar en edad económicamente activa. Desde una perspectiva regional, las tasas de irregularidad más elevadas se concentran en provincias cordilleranas como La Rioja (23,8%), Santa Cruz (21,7%), Catamarca (21,5%) y San Luis (21,5%). En contraste, los saldos promedio adeudados más altos se localizan en la región patagónica y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encabezados por Tierra del Fuego ($4,98 millones), Santa Cruz ($4,41 millones) y CABA ($4,11 millones), frente a un promedio nacional que se ubica en los $2,56 millones.
Finalmente, el desglose por entidad emisora evidencia una marcada dispersión con tasas críticas en bancos comerciales orientados al consumo masivo, tales como el Banco Sáenz (51,3%) y Carrefour (50,4%). La situación se torna extrema al examinar plataformas digitales y cadenas comerciales de electrodomésticos y retail, donde se registran marcas alarmantes como Mins (91%), Crediar - Cetrogar (76,3%), Credikot (75,6%) y Musimundo (63,5%), reflejando el colapso de la cadena de pagos en los sectores de menores recursos.

