REGION-PROVINCIA
Seguridad rural en la Provincia: buscan reformar el Código Rural bonaerense para endurecer las sanciones contra la caza furtiva
La Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados postergó el tratamiento de un proyecto impulsado por la Coalición Cívica con el objetivo de integrar sus disposiciones directamente dentro de una modificación integral de la normativa vigente. La iniciativa prevé multas de hasta 30.000 unidades fijas, el secuestro preventivo de vehículos y el decomiso de armas y perros utilizados en incursiones ilegales dentro de campos privados.
La Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires resolvió postergar el dictamen de un proyecto de ley presentado por la Coalición Cívica destinado a prohibir y penar severamente la caza furtiva en establecimientos rurales privados. La decisión parlamentaria responde al consenso alcanzado para incorporar los principales mecanismos sancionatorios de la propuesta dentro de una reforma más amplia del Código Rural bonaerense actual, evitando así la dispersión en una legislación independiente.
La iniciativa, promovida por el diputado Luciano Bugallo con el acompañamiento del presidente de su bloque, Andrés De Leo, procura dar respuesta a una problemática que —según advierten los autores del expediente— se ha agravado en los últimos años en el interior productivo: la irrupción de grupos organizados que ingresan sin consentimiento a propiedades agropecuarias, exponiendo a serios riesgos tanto a la fauna silvestre como a las familias y trabajadores que residen en el campo.
El texto plantea establecer una prohibición expresa sobre toda actividad cinegética no autorizada en predios privados, alcanzando específicamente a quienes empleen armas de fuego, perros galgos u otras razas caninas para perseguir, acorralar o capturar animales silvestres.
Identificado parlamentariamente como expediente D-2534/26-27, el proyecto original diseña un severo esquema punitivo y preventivo frente a las contravenciones contra la seguridad rural. Entre sus herramientas centrales se contemplan multas económicas de entre 1.000 y 20.000 unidades fijas por conductas consideradas graves, a las que se suman sanciones adicionales de 5.000 a 30.000 unidades fijas para quienes ingresen de manera clandestina a campos privados con fines de caza.
Asimismo, la propuesta introduce agravantes que incrementan las penas en un 50% cuando el hecho sea cometido por tres o más personas, se utilicen vehículos automotores, la incursión se realice en horario nocturno, existan antecedentes previos o se afecten áreas naturales protegidas. En el plano administrativo, dispone la inhabilitación por diez años para tramitar permisos de caza —extendiéndose a quince años en casos de violación de propiedad privada—, junto con el secuestro preventivo de los vehículos utilizados y el decomiso inmediato de armas, cuchillos, herramientas, ejemplares capturados y perros.
Respecto del destino de los canes incautados, el articulado establece que deberán recibir atención y control veterinario para luego ser entregados a refugios o entidades protectoras de animales con miras a su incorporación en programas de adopción responsable. De manera complementaria, se impulsa la creación de un Registro Provincial de Infractores por Caza Furtiva Organizada bajo la órbita del Ministerio de Seguridad bonaerense.
Al fundamentar la urgencia de la reforma, el diputado Bugallo argumentó que si bien la provincia dispone de herramientas normativas previas, las mismas han quedado desactualizadas frente a la modalidad operativa actual. En particular, señaló que el artículo 273 del Código Rural (Decreto-Ley 10.081/83) ya prohíbe la conformación de cuadrillas y la caza nocturna, pero sus penalidades resultan insuficientes para disuadir las incursiones clandestinas reiteradas.
La propuesta legislativa recoge además las reiteradas advertencias formuladas por el Foro de Seguridad Rural Argentino (FOSERA), entidad que viene alertando sobre la multiplicación de estos episodios en diversos partidos bonaerenses y la vulnerabilidad en la que quedan inmersos los productores agropecuarios frente al accionar de bandas armadas dentro de sus propios establecimientos.
La iniciativa, promovida por el diputado Luciano Bugallo con el acompañamiento del presidente de su bloque, Andrés De Leo, procura dar respuesta a una problemática que —según advierten los autores del expediente— se ha agravado en los últimos años en el interior productivo: la irrupción de grupos organizados que ingresan sin consentimiento a propiedades agropecuarias, exponiendo a serios riesgos tanto a la fauna silvestre como a las familias y trabajadores que residen en el campo.
El texto plantea establecer una prohibición expresa sobre toda actividad cinegética no autorizada en predios privados, alcanzando específicamente a quienes empleen armas de fuego, perros galgos u otras razas caninas para perseguir, acorralar o capturar animales silvestres.
El régimen de multas, decomisos e inhabilitaciones propuesto
Identificado parlamentariamente como expediente D-2534/26-27, el proyecto original diseña un severo esquema punitivo y preventivo frente a las contravenciones contra la seguridad rural. Entre sus herramientas centrales se contemplan multas económicas de entre 1.000 y 20.000 unidades fijas por conductas consideradas graves, a las que se suman sanciones adicionales de 5.000 a 30.000 unidades fijas para quienes ingresen de manera clandestina a campos privados con fines de caza.
Asimismo, la propuesta introduce agravantes que incrementan las penas en un 50% cuando el hecho sea cometido por tres o más personas, se utilicen vehículos automotores, la incursión se realice en horario nocturno, existan antecedentes previos o se afecten áreas naturales protegidas. En el plano administrativo, dispone la inhabilitación por diez años para tramitar permisos de caza —extendiéndose a quince años en casos de violación de propiedad privada—, junto con el secuestro preventivo de los vehículos utilizados y el decomiso inmediato de armas, cuchillos, herramientas, ejemplares capturados y perros.
Respecto del destino de los canes incautados, el articulado establece que deberán recibir atención y control veterinario para luego ser entregados a refugios o entidades protectoras de animales con miras a su incorporación en programas de adopción responsable. De manera complementaria, se impulsa la creación de un Registro Provincial de Infractores por Caza Furtiva Organizada bajo la órbita del Ministerio de Seguridad bonaerense.
Insuficiencia del marco actual y respaldo de entidades rurales
Al fundamentar la urgencia de la reforma, el diputado Bugallo argumentó que si bien la provincia dispone de herramientas normativas previas, las mismas han quedado desactualizadas frente a la modalidad operativa actual. En particular, señaló que el artículo 273 del Código Rural (Decreto-Ley 10.081/83) ya prohíbe la conformación de cuadrillas y la caza nocturna, pero sus penalidades resultan insuficientes para disuadir las incursiones clandestinas reiteradas.
La propuesta legislativa recoge además las reiteradas advertencias formuladas por el Foro de Seguridad Rural Argentino (FOSERA), entidad que viene alertando sobre la multiplicación de estos episodios en diversos partidos bonaerenses y la vulnerabilidad en la que quedan inmersos los productores agropecuarios frente al accionar de bandas armadas dentro de sus propios establecimientos.
