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Fallo previsional: la Justicia declaró inconstitucional la fórmula de movilidad jubilatoria de Alberto Fernández y ordenó recalcular haberes
La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social determinó que el esquema vigente entre enero de 2021 y junio de 2024 provocó una pérdida real del poder adquisitivo superior al 46%. El tribunal dispuso aplicar retroactivamente el índice sancionado durante la gestión de Mauricio Macri antes de empalmar con el decreto actual de ajuste por inflación.
La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró la inconstitucionalidad de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por la Ley 27.609 —que rigió entre enero de 2021 y mediados de 2024 durante la presidencia de Alberto Fernández— y ordenó reemplazarla por el mecanismo de actualización previsto en la Ley 27.426, sancionada durante el mandato de Mauricio Macri.
La trascendente resolución fue dictada en el marco de una demanda promovida contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por la jubilada Carmen Galletta. Con la firma de los camaristas Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado, el tribunal de alzada revocó una sentencia de primera instancia que había desestimado el reclamo original, sentando un precedente jurídico clave tanto para el cobro de diferencias retroactivas como para la recomposición de la base de cálculo de los haberes actuales.
De acuerdo con lo dispuesto en el fallo, la prestación previsional de la demandante deberá ser recalculada utilizando el esquema anterior durante todo el tramo comprendido entre enero de 2021 y junio de 2024 inclusive, para recién entonces empalmar con el régimen vigente de actualización mensual por inflación instaurado mediante el Decreto 274/2024.
En los considerandos de la sentencia, el juez Fantini advirtió que la fórmula aprobada por el Congreso en 2020 —sustentada en una combinación de la evolución de los salarios y la recaudación tributaria— carecía de cláusulas gatillo o pisos mínimos de resguardo frente a escenarios de aceleración inflacionaria.
Al auditar los números concretos del período comprendido entre marzo de 2021 y marzo de 2024, los magistrados constataron que la movilidad acumulada otorgada por dicha normativa alcanzó el 553,55%, frente a un avance del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 1.129,07% en el mismo lapso. Esa brecha representó una confiscatoria pérdida real del poder de compra del 46,83%. Asimismo, el fallo remarcó que los ajustes posteriores atados al IPC no lograron subsanar ese quebranto patrimonial debido a que comenzaron a aplicarse sobre una base previsional severamente depreciada.
Para recomponer el haber, la Cámara resolvió reinstalar el cálculo de la Ley 27.426 —que combinaba trimestralmente un 70% de variación inflacionaria (IPC) y un 30% de evolución salarial (RIPTE)— por tratarse de una pauta objetiva previamente sancionada por el Poder Legislativo.
En la liquidación final deberán descontarse las sumas ya percibidas por la beneficiaria en concepto de movilidad ordinaria, adelantos y bonos extraordinarios con el fin de evitar duplicaciones en el pago. De manera complementaria, el tribunal declaró la inconstitucionalidad del tope establecido en el artículo 9 de la Ley 24.463 en caso de que su aplicación genere una quita igual o superior al 15% sobre el haber recalculado, ordenando aplicar la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central sobre las diferencias resultantes, aunque haciendo lugar a la excepción de prescripción planteada por la ANSES para acotar el período exigible de retroactivos.
Si bien la sentencia tiene efecto jurídico directo únicamente dentro del expediente individual de la demandante y no conlleva un incremento automático para el resto de los pasivos, la decisión consolida un antecedente de enorme peso institucional para miles de juicios previsionales similares que tramitan en todo el país.
La trascendente resolución fue dictada en el marco de una demanda promovida contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por la jubilada Carmen Galletta. Con la firma de los camaristas Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado, el tribunal de alzada revocó una sentencia de primera instancia que había desestimado el reclamo original, sentando un precedente jurídico clave tanto para el cobro de diferencias retroactivas como para la recomposición de la base de cálculo de los haberes actuales.
De acuerdo con lo dispuesto en el fallo, la prestación previsional de la demandante deberá ser recalculada utilizando el esquema anterior durante todo el tramo comprendido entre enero de 2021 y junio de 2024 inclusive, para recién entonces empalmar con el régimen vigente de actualización mensual por inflación instaurado mediante el Decreto 274/2024.
Los fundamentos del tribunal y el deterioro del poder adquisitivo
En los considerandos de la sentencia, el juez Fantini advirtió que la fórmula aprobada por el Congreso en 2020 —sustentada en una combinación de la evolución de los salarios y la recaudación tributaria— carecía de cláusulas gatillo o pisos mínimos de resguardo frente a escenarios de aceleración inflacionaria.
Al auditar los números concretos del período comprendido entre marzo de 2021 y marzo de 2024, los magistrados constataron que la movilidad acumulada otorgada por dicha normativa alcanzó el 553,55%, frente a un avance del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 1.129,07% en el mismo lapso. Esa brecha representó una confiscatoria pérdida real del poder de compra del 46,83%. Asimismo, el fallo remarcó que los ajustes posteriores atados al IPC no lograron subsanar ese quebranto patrimonial debido a que comenzaron a aplicarse sobre una base previsional severamente depreciada.
Cómo se efectuará el reajuste y cuál es el alcance de la sentencia
Para recomponer el haber, la Cámara resolvió reinstalar el cálculo de la Ley 27.426 —que combinaba trimestralmente un 70% de variación inflacionaria (IPC) y un 30% de evolución salarial (RIPTE)— por tratarse de una pauta objetiva previamente sancionada por el Poder Legislativo.
En la liquidación final deberán descontarse las sumas ya percibidas por la beneficiaria en concepto de movilidad ordinaria, adelantos y bonos extraordinarios con el fin de evitar duplicaciones en el pago. De manera complementaria, el tribunal declaró la inconstitucionalidad del tope establecido en el artículo 9 de la Ley 24.463 en caso de que su aplicación genere una quita igual o superior al 15% sobre el haber recalculado, ordenando aplicar la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central sobre las diferencias resultantes, aunque haciendo lugar a la excepción de prescripción planteada por la ANSES para acotar el período exigible de retroactivos.
Si bien la sentencia tiene efecto jurídico directo únicamente dentro del expediente individual de la demandante y no conlleva un incremento automático para el resto de los pasivos, la decisión consolida un antecedente de enorme peso institucional para miles de juicios previsionales similares que tramitan en todo el país.
