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Soberanía y recursos en Malvinas: Argentina y el Reino Unido fijaron posturas en el Tribunal del Mar por la explotación petrolera
Durante las audiencias públicas celebradas en Hamburgo, la delegación nacional exigió la paralización inmediata del proyecto extractivo "Sea Lion" en la cuenca Malvinas Norte al señalar riesgos ecosistémicos irreversibles. La representación británica solicitó el rechazo total de las medidas cautelares promovidas por la Casa Rosada. La resolución de los 21 magistrados internacionales se anunciará el sábado 28 de noviembre.
En poco más de dos semanas se conocerá la decisión del Tribunal del Mar. International Tribunal for the Law of the Sea
La disputa geopolítica e internacional por las Islas Malvinas sumó este miércoles un capítulo decisivo en el plano del derecho marítimo internacional. Ante la sede del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), radicada en la ciudad alemana de Hamburgo, las representaciones de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña concluyeron sus alegatos orales finales en torno al requerimiento planteado por la diplomacia nacional para frenar la ejecución del proyecto de extracción hidrocarburífera denominado "Sea Lion".
La acción judicial impulsada por el Estado argentino busca la prescripción urgente de medidas cautelares e interimarias para paralizar las maniobras operativas promovidas por las firmas Navitas Petroleum (de origen israelí) y Rockhopper Exploration (de capitales británicos) en la cuenca Malvinas Norte. Durante el alegato final del equipo legal argentino, se enfatizó que las tareas exploratorias e infraestructurales en la plataforma continental en litigio entrañan el peligro inminente de causar daños ecológicos irreparables, advirtiendo ante los 21 magistrados internacionales que la intervención del cuerpo arbitral resulta urgente: “Este Tribunal puede actuar a tiempo para impedirlo, es ahora o nunca”.
La delegación de la República Argentina estuvo integrada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, María Ibarzabal; el consejero legal de la Cancillería, embajador Mario Oyarzábal; el expresidente del Institut de Droit International, Nico Schrijver; y el reconocido especialista internacional en Derecho del Mar, Marcelo Kohen.
La conclusión de la postura argentina estuvo a cargo del embajador Oyarzábal, quien solicitó formalmente al Tribunal que ordene al Reino Unido el cumplimiento inmediato de cuatro medidas de protección conservatoria hasta tanto se constituya formalmente el tribunal arbitral definitivo previsto por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR):
En primer lugar, que el gobierno británico adopte las previsiones necesarias para impedir cualquier nueva perforación con fines de explotación o el montaje de infraestructura de producción en relación con el emprendimiento "Sea Lion", ya sea por acción directa del Estado o por personas físicas y jurídicas bajo su jurisdicción. En segundo término, que el Reino Unido se abstenga de utilizar la información técnica o geológica obtenida en las zonas marítimas en litigio en perjuicio de los derechos soberanos argentinos.
Asimismo, el escrito exige que el Reino Unido cese de obstaculizar el cumplimiento de los deberes ambientales que le caben a la Argentina bajo los artículos 192 y 194 de la Convención para preservar el medio marino. Por último, se requirió que la parte británica evite adoptar medidas que agraven el diferendo, prohibiendo el otorgamiento de nuevas autorizaciones o licencias de explotación sobre la plataforma continental en disputa.
Por la contraparte, la postura de la corona británica fue expuesta por la embajadora y consejera legal Sally Langrish. En una breve intervención final amparada en los reglamentos de procedimiento del organismo, la representación del Reino Unido solicitó al cuerpo de jueces el rechazo íntegro y sin atenuantes de todas las peticiones cautelares formuladas por la República Argentina.
Con las intervenciones vertidas en las sesiones de este 10 y 11 de noviembre de 2026, el Tribunal del Mar dio por concluidas las audiencias públicas y entró formalmente en etapa de deliberación reservada. Se confirmó de manera oficial que la lectura de la resolución y las conclusiones finales sobre la procedencia de las medidas de amparo se dará a conocer públicamente el sábado 28 de noviembre de 2026 en horas del mediodía.
La acción judicial impulsada por el Estado argentino busca la prescripción urgente de medidas cautelares e interimarias para paralizar las maniobras operativas promovidas por las firmas Navitas Petroleum (de origen israelí) y Rockhopper Exploration (de capitales británicos) en la cuenca Malvinas Norte. Durante el alegato final del equipo legal argentino, se enfatizó que las tareas exploratorias e infraestructurales en la plataforma continental en litigio entrañan el peligro inminente de causar daños ecológicos irreparables, advirtiendo ante los 21 magistrados internacionales que la intervención del cuerpo arbitral resulta urgente: “Este Tribunal puede actuar a tiempo para impedirlo, es ahora o nunca”.
El equipo jurídico nacional y los cuatro requerimientos cautelares
La representación argentina. International Tribunal for the Law of the Sea
La delegación de la República Argentina estuvo integrada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, María Ibarzabal; el consejero legal de la Cancillería, embajador Mario Oyarzábal; el expresidente del Institut de Droit International, Nico Schrijver; y el reconocido especialista internacional en Derecho del Mar, Marcelo Kohen.
La conclusión de la postura argentina estuvo a cargo del embajador Oyarzábal, quien solicitó formalmente al Tribunal que ordene al Reino Unido el cumplimiento inmediato de cuatro medidas de protección conservatoria hasta tanto se constituya formalmente el tribunal arbitral definitivo previsto por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR):
En primer lugar, que el gobierno británico adopte las previsiones necesarias para impedir cualquier nueva perforación con fines de explotación o el montaje de infraestructura de producción en relación con el emprendimiento "Sea Lion", ya sea por acción directa del Estado o por personas físicas y jurídicas bajo su jurisdicción. En segundo término, que el Reino Unido se abstenga de utilizar la información técnica o geológica obtenida en las zonas marítimas en litigio en perjuicio de los derechos soberanos argentinos.
Asimismo, el escrito exige que el Reino Unido cese de obstaculizar el cumplimiento de los deberes ambientales que le caben a la Argentina bajo los artículos 192 y 194 de la Convención para preservar el medio marino. Por último, se requirió que la parte británica evite adoptar medidas que agraven el diferendo, prohibiendo el otorgamiento de nuevas autorizaciones o licencias de explotación sobre la plataforma continental en disputa.
La réplica británica y la fecha del fallo internacional
Sally Langrish tuvo la palabra en nombre del Reino Unido. International Tribunal for the Law of the Sea
Por la contraparte, la postura de la corona británica fue expuesta por la embajadora y consejera legal Sally Langrish. En una breve intervención final amparada en los reglamentos de procedimiento del organismo, la representación del Reino Unido solicitó al cuerpo de jueces el rechazo íntegro y sin atenuantes de todas las peticiones cautelares formuladas por la República Argentina.
Con las intervenciones vertidas en las sesiones de este 10 y 11 de noviembre de 2026, el Tribunal del Mar dio por concluidas las audiencias públicas y entró formalmente en etapa de deliberación reservada. Se confirmó de manera oficial que la lectura de la resolución y las conclusiones finales sobre la procedencia de las medidas de amparo se dará a conocer públicamente el sábado 28 de noviembre de 2026 en horas del mediodía.
