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Causa Hotesur-Los Sauces: la UIF acusó a la familia Kirchner de montar "un esquema de corrupción sin precedentes"
El Tribunal Oral Federal N°5 dio inicio a la lectura del requerimiento de elevación a juicio contra la expresidenta Cristina Kirchner y el diputado Máximo Kirchner por presunta asociación ilícita y lavado de dinero.
A través de un zoom, Cristina y Máximo Kirchner siguen las jornadas del juicio. NA
El Tribunal Oral Federal N°5 comenzó este viernes con la lectura de la acusación formulada por la Unidad de Información Financiera (UIF) en el marco de la causa unificada Hotesur-Los Sauces. La querella apuntó directamente contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el diputado nacional Máximo Kirchner —quienes siguieron la audiencia mediante la plataforma Zoom— por haber liderado supuestamente una “asociación ilícita de carácter estable y permanente” para canalizar retornos millonarios de la obra pública y el juego.
Según el documento leído en la jornada judicial, la maniobra consistió en estructurar un sistema inmobiliario y hotelero a través de la firma Los Sauces S.A. para recibir transferencias de "empresarios amigos" bajo la apariencia de contratos de alquiler a precios sobrevaluados. De acuerdo a las estimaciones presentadas, entre 2009 y 2016 la sociedad familiar habría percibido más de 25 millones de pesos mediante estos mecanismos de retorno.
La presentación de la UIF detalló la distribución de responsabilidades entre los 24 imputados en la causa, mencionando especialmente a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa:
* Uso del poder estatal: Se acusó a los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner de utilizar las facultades de sus cargos para garantizar adjudicaciones a las empresas del Grupo Báez y del Grupo Indalo.
* Fuentes de financiamiento: La querella determinó dos orígenes principales del dinero: la defraudación por la obra pública vial en Santa Cruz y los beneficios otorgados a firmas hidrocarburíferas y de juego de azar.
* Simulación de contratos: Las empresas adjudicatarias celebraban contratos de locación con la inmobiliaria presidencial para dotar de origen lícito a las sumas transferidas.
Al término de la primera parte de la exposición de la querella, el juez presidente del tribunal, José Michilini, dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo viernes 13 de noviembre. En tanto, los magistrados evalúan sumar los días miércoles como jornadas de audiencia para evitar dilaciones en el trámite del debate oral.
Según el documento leído en la jornada judicial, la maniobra consistió en estructurar un sistema inmobiliario y hotelero a través de la firma Los Sauces S.A. para recibir transferencias de "empresarios amigos" bajo la apariencia de contratos de alquiler a precios sobrevaluados. De acuerdo a las estimaciones presentadas, entre 2009 y 2016 la sociedad familiar habría percibido más de 25 millones de pesos mediante estos mecanismos de retorno.
El rol de los empresarios y la mecánica del lavado
La presentación de la UIF detalló la distribución de responsabilidades entre los 24 imputados en la causa, mencionando especialmente a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa:
* Uso del poder estatal: Se acusó a los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner de utilizar las facultades de sus cargos para garantizar adjudicaciones a las empresas del Grupo Báez y del Grupo Indalo.
* Fuentes de financiamiento: La querella determinó dos orígenes principales del dinero: la defraudación por la obra pública vial en Santa Cruz y los beneficios otorgados a firmas hidrocarburíferas y de juego de azar.
* Simulación de contratos: Las empresas adjudicatarias celebraban contratos de locación con la inmobiliaria presidencial para dotar de origen lícito a las sumas transferidas.
Al término de la primera parte de la exposición de la querella, el juez presidente del tribunal, José Michilini, dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo viernes 13 de noviembre. En tanto, los magistrados evalúan sumar los días miércoles como jornadas de audiencia para evitar dilaciones en el trámite del debate oral.
