26/10/2026 | 19:27         
REGION-PROVINCIA
Causa Ponce de León: la Justicia citó a indagatoria por el asesinato del obispo durante la última dictadura militar
El Juzgado Federal de San Nicolás avanza en la investigación que busca esclarecer la muerte del monseñor Carlos Horacio Ponce de León, ocurrida en julio de 1977. Tras la anulación en 2023 del fallo de la dictadura que había caratulado el hecho como un "accidente de tránsito" en la Ruta 9, la Cámara Federal confirmó las citaciones a indagatoria de los imputados, reabriendo el camino hacia el juzgamiento como un crimen de lesa humanidad perpetrado en el ámbito del Departamento Judicial nicoleño.
Causa Ponce de León: la Justicia citó a indagatoria por el asesinato del obispo durante la última dictadura militar

En el marco de las causas por violaciones a los derechos humanos en el norte bonaerense, la Justicia Federal de San Nicolás avanza en la toma de declaraciones indagatorias a los acusados por el homicidio del obispo Carlos Horacio Ponce de León, máxima autoridad de la diócesis nicoleña —de la que depende la región— al momento de su muerte durante la última dictadura militar.

La revisión histórica de la versión oficial

El expediente investiga el hecho registrado en julio de 1977 a la altura de la Ruta Nacional 9, cuando el vehículo en el que se trasladaba el prelado fue impactado por una camioneta, provocándole la muerte de manera inmediata:

  • Fallo anulado: en 2023, la Justicia dejó sin efecto la sentencia dictada en 1978 por la justicia de la dictadura, la cual había cerrado la causa bajo la carátula de accidente vial sin responsabilidades de terceros.
  • Línea de investigación: la instrucción actual sostiene que la muerte de Ponce de León se trató de un atentado planificado por las fuerzas represivas para frenar sus denuncias sobre la desaparición de personas y detenciones ilegales en los distritos del norte provincial.

Avanzan las medidas en los tribunales de San Nicolás

Con el aval de los tribunales de alzada, el juzgado federal actuante dio inicio a las citaciones judiciales de los exefectivos e imputados en la maniobra de encubrimiento y ejecución. La resolución busca determinar la responsabilidad penal en el marco de delitos cometidos contra el obispo y su acompañante, consolidando el juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado en la jurisdicción territorial de la Segunda Sección.