La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires convirtió en ley el proyecto de financiamiento extraordinario impulsado por el senador Sergio Vargas (Unión y Libertad), el cual faculta a las intendencias a reorientar temporalmente los fondos coparticipados del Impuesto Inmobiliario Rural. La normativa, que regirá por un plazo de 180 días desde su publicación oficial, permite destinar hasta el 100% de estos recursos —originalmente afectados a la red de caminos vecinales— a la ejecución de obras de infraestructura hídrica urgente para prevenir catástrofes climáticas provocadas por el fenómeno de "El Niño".

Alcance de las obras autorizadas para los municipios

La herramienta legal otorga a los ejecutivos locales la facultad discrecional de aplicar las partidas financieras en trabajos de drenaje pluvial, dragado y desmalezamiento de canales, ampliación de alcantarillas, construcción de defensas urbanas y adquisición de equipamiento hídrico. La medida busca dar una respuesta operativa rápida a las comunas para elevar su capacidad de drenaje ante la previsión de precipitaciones de intensidad inusual sobre la franja productiva provincial.

Duros cruces políticos por el freno a la obra pública nacional

Durante la sesión en la Cámara Baja se registraron fuertes debates; desde el bloque peronista, el diputado Alejandro Acerbo y otros legisladores cuestionaron la parálisis de los proyectos hídricos nacionales —como el Plan Maestro del Río Salado— tras el corte de fondos dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional. El debate legislativo coincidió además con el anuncio formulado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, sobre la presentación de una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo por supuestas irregularidades e incumplimiento de deberes vinculados al Fondo Hídrico. Por su parte, la bancada de La Libertad Avanza acompañó la votación del proyecto sin intervenir en la discusión.