Una multitudinaria columna de estudiantes, gremios docentes, movimientos sociales y agrupaciones políticas encabezó este jueves la quinta Marcha Federal Universitaria frente al Congreso de la Nación, reclamando el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. La masiva jornada de protesta se desarrolló en simultáneo con intensas negociaciones en el Palacio Legislativo, donde el oficialismo logró una victoria táctica en la Cámara de Diputados al bloquear el debate del DNU 70/2023. Sin embargo, la marcha pacífica se vio alterada hacia mitad de la tarde cuando un grupo de personas con los rostros cubiertos intentó derribar el vallado de seguridad sobre la avenida Entre Ríos, derivando en choques contra efectivos de Gendarmería Nacional que dejaron al menos cinco uniformados lesionados y una persona aprehendida.

Documento conjunto del CIN y el Frente Sindical Universitario

Previo al estallido de los disturbios y bajo una persistente lluvia, los representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de la Federación Universitaria Argentina (FUA) leyeron un pronunciamiento unificado en el escenario principal. Las autoridades académicas denunciaron que la falta de transferencia de partidas presupuestarias coloca a la educación superior en una senda descendente hacia la "decadencia institucional", al tiempo que remarcaron que el desconocimiento de las normas aprobadas por el Poder Legislativo y ratificadas por la Justicia vulnera el Estado de derecho. Con pancartas bajo el lema "Milei, cumplí la ley", la movilización también sumó el respaldo explícito de sectores de jubilados y gremios estatales en rechazo al programa económico nacional.

Pausa judicial temporal y postura inflexible del Poder Ejecutivo

La demostración de fuerza en las calles se produjo en paralelo a un giro en el fuero Contencioso Administrativo Federal, donde la Justicia resolvió otorgar un efecto suspensivo temporal a las multas diarias de 100.000 pesos que habían sido impuestas sobre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el retraso en las liquidaciones salariales. Pese al alivio procesal para la Casa Rosada, la controversia de fondo sobre la actualización de haberes, becas e insumos de investigación permanece abierta, con el Gobierno nacional ratificando su decisión de no liberar fondos que comprometan la meta del superávit fiscal.