En la antesala de una nueva movilización masiva del sector educativo, el Gobierno nacional apeló el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 que lo obligaba a dar cumplimiento a la Ley de Financiamiento Universitario y declaraba inconstitucional el Decreto 759. La presentación, impulsada por el Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello, busca frenar la orden judicial de girar los recursos económicos a las casas de altos estudios tras el amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En sus argumentos recursivos, el Estado nacional sostuvo que la sentencia de primera instancia genera un grave perjuicio institucional y vulnera el equilibrio de las cuentas públicas al no especificar una fuente de financiamiento clara y suficiente. Asimismo, la administración central argumentó que la ejecución de dicho gasto obligaría a reasignar más del noventa por ciento de los créditos disponibles para gastos primarios, calificando la decisión judicial como un avasallamiento sobre la división de poderes y la ley de administración financiera vigente.