La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires redobló su ofensiva institucional al remitir formalmente a la Cámara de Diputados un proyecto de ley destinado a garantizar la autarquía presupuestaria y financiera del Poder Judicial. Con esta iniciativa, que busca incorporarse de lleno al debate legislativo por el Presupuesto provincial que enviará la administración de Axel Kicillof, el tribunal pretende gestionar sus propios recursos y fijar una política salarial orientada a reducir la brecha con los haberes de la Justicia nacional, contemplando recuperar un porcentaje significativo de la diferencia durante los primeros tres años de aplicación.

En simultáneo con la presentación presupuestaria, el tribunal integrado por Sergio Gabriel Torres, Daniel Fernando Soria e Hilda Kogan emitió la Resolución SC 2.917/26, mediante la cual exige a los poderes Ejecutivo y Legislativo la cobertura de las cuatro vacantes históricas que continúan paralizadas en el máximo cuerpo a raíz de cruces políticos, además de reclamar la puesta en marcha de órganos judiciales pendientes en los fueros penal, civil, comercial, laboral, de familia y contencioso administrativo. Los magistrados advirtieron que toda nueva creación debe ir acompañada de su correspondiente respaldo edilicio y presupuestario para garantizar el funcionamiento operativo indispensable frente a la creciente demanda de justicia en el territorio bonaerense.