Tras la obtención del dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Legislación Penal y Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, desde CARBAP emitieron un fuerte reclamo dirigido especialmente a los representantes de Buenos Aires y La Pampa para que prioricen la protección de la actividad agropecuaria en el recinto. La entidad ruralista remarcó que los reiterados ataques contra los establecimientos no representan una cuestión abstracta, sino daños concretos que erosionan el trabajo, la inversión y el esfuerzo cotidiano de miles de familias rurales que reclaman las mismas garantías de seguridad que los centros urbanos.

La iniciativa parlamentaria aprobada propone modificaciones sustanciales al Código Penal, incorporando el artículo 150 bis para sancionar con penas de prisión a quienes ingresen sin autorización a predios rurales delimitados, y el artículo 184 bis, que fija severas condenas de dos a ocho años de reclusión e importantes multas económicas para los responsables de destruir o inutilizar cultivos, silobolsas, hacienda e infraestructura productiva. Asimismo, el proyecto agrava las sanciones por instigación pública a través de plataformas digitales, buscando frenar delitos recurrentes que afectan al sector. Frente a este escenario, la gremial empresaria insistió en que la seguridad rural no tiene partido político y debe constituirse como una política de Estado ineludible.