La Iglesia católica manifestó su rechazo absoluto a la flexibilización en la comercialización de territorios nacionales, subrayando que la defensa de nuestra tierra se encuentra en estricta relación directa con el bienestar y el desarrollo soberano de la población. En el documento, la jerarquía eclesiástica reiteró su postura contraria a eliminar las restricciones vigentes, enfatizando que el patrimonio territorial requiere de salvaguardas legales firmes frente al avance de capitales foráneos.

El pronunciamiento episcopal surge como respuesta directa al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que avaló la eliminación de los topes históricos establecidos para la titularidad extranjera de inmuebles rurales. Ante este nuevo escenario jurídico y económico, los obispos llamaron a actuar con suma responsabilidad institucional a los poderes del Estado, interpelando de manera directa tanto a legisladores como a magistrados y funcionarios del Ejecutivo para resguardar los recursos estratégicos del país.