La decisión de la compañía, que hace menos de un mes solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores, comprende la desvinculación de 700 operarios en la planta de Capitán Sarmiento, 50 en la sede de Pilar y otros 500 en la de Esteban Echeverría. Durante la última audiencia celebrada en la cartera laboral, los apoderados de la empresa justificaron la medida en la necesidad de adecuar su estructura productiva a la actividad disponible y preservar la explotación, rechazando rotundamente las acusaciones sindicales sobre un presunto vaciamiento operativo.

Por su parte, los representantes del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) advirtieron que, al quedar firmes los despidos en el marco de una crisis financiera que incluye deudas salariales acumuladas de cuatro meses, los trabajadores no podrán percibir de inmediato las indemnizaciones calculadas bajo el artículo 247 hasta que se determine el juzgado a cargo del concurso. En paralelo, la situación judicial se tornó aún más compleja luego de que un tribunal dispusiera la indisponibilidad de 13,5 millones de dólares depositados por la avícola en una entidad bancaria, en respuesta a los reclamos gremiales y las medidas cautelares impulsadas para resguardar el patrimonio frente a la debacle de la que supo ser la mayor empresa del rubro en el país.