En un fallo contundente dictado este martes, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 11, Martín Cormick, declaró la inconstitucionalidad del decreto 759/2025 y ordenó al Gobierno nacional el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario número 27.795, desactivando el freno presupuestario interpuesto por la administración central. La resolución judicial responde a la acción de amparo colectivo impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), diversas casas de altos estudios y gremios docentes, consolidando el criterio sobre la imposibilidad del Ejecutivo de bloquear una ley ratificada por mayorías agravadas tras la insistencia legislativa.

En sus fundamentos, el magistrado remarcó que el accionar oficial operó como un mecanismo extraconstitucional no contemplado en la Carta Magna al pretender atar la aplicación de la norma a los condicionamientos de la Ley de Administración Financiera, recordando que la Oficina de Presupuesto del Congreso había estimado que el costo fiscal de la ley equivalía a apenas el 0,23 por ciento del Producto Bruto Interno. De este modo, la sentencia de primera instancia consolida el reclamo histórico de la comunidad académica para garantizar la actualización salarial de docentes y no docentes, la recomposición presupuestaria ligada a la inflación y el fortalecimiento de las becas y la investigación científica en todo el país.