Las tareas, a cargo del Departamento Técnico Cibercrimen de la PFA, buscan determinar la trazabilidad de 41 operaciones realizadas entre 2014 y 2018, en medio de la defensa legal que atribuye fondos no declarados a la venta de activos digitales.

Claves de la pericia informática sobre los criptoactivos

• Verificación criptográfica: La Justicia solicitó establecer si las direcciones aportadas son de custodia o autocustodia, quién las generó y si las claves privadas pudieron mantenerse en soportes sin rastro digital.
• Análisis de movimientos: Los peritos evaluarán las 41 operaciones detectadas para precisar si fueron ejecutadas por una única persona y si el tenedor actual de las claves coincide con el operador histórico.
• Marco normativo y UIF: El requerimiento fiscal también indaga sobre la regulación aplicable a las criptomonedas en la Argentina durante el periodo 2014-2018 y los plazos de conservación de registros en las plataformas de intercambio.
• Justificación patrimonial: Las billeteras quedaron bajo la lupa judicial luego de que la defensa del exjefe de Gabinete presentara las claves de acceso para respaldar el origen de casi 600.000 dólares incorporados en una rectificación de declaraciones juradas.