El Gobierno nacional anunció un cambio profundo en el esquema de custodia oficial al disponer que la Casa Militar —bajo la órbita del general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez— asuma la responsabilidad integral de la seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos y de las viviendas transitorias utilizadas por el primer mandatario y su familia.

El proceso de transferencia total de bienes y responsabilidades se completará en un plazo máximo de 60 días, implicando simultáneamente la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos para separar las funciones de seguridad, control y administración.

Fundamentos oficiales y repercusiones gremiales

La reestructuración del esquema de custodia contempla los siguientes puntos centrales:

• Justificación oficial: desde Presidencia indicaron que la decisión responde a la necesidad de elevar los estándares de eficiencia ante la escalada de inseguridad global y los preparativos logísticos vinculados a la visita del Papa León XIV a la Argentina, la cual requerirá el movimiento de personal externo para obras y servicios.
• Alcance institucional: la medida se ampara en la Ley de Defensa Nacional y unifica la custodia en manos de la Casa Militar tanto en la Casa Rosada como en cualquier locación nacional o internacional donde se desplace el Presidente.
• Reclamos sindicales: la decisión desató un fuerte conflicto laboral. El secretario general de ATE Capital, Daniel "Tano" Catalano, denunció públicamente el despido sin causa y la prohibición de ingreso al personal civil que cumplía tareas habituales en la quinta, anticipando medidas de resistencia gremial.