El Poder Ejecutivo envió formalmente al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa orientada a actualizar y ampliar el marco normativo vigente en materia de soberanía territorial, protección de recursos naturales y seguridad estratégica.

El texto reemplaza a la anterior Ley 26.659 y extiende las prohibiciones a cualquier aprovechamiento de recursos renovables o no renovables en las Islas Malvinas, sus espacios marítimos circundantes y la Plataforma Continental.

Ejes centrales del proyecto y penalidades

El articulado remitido a la cámara baja establece un esquema riguroso de sanciones y nuevas estructuras de control:

• Sanciones por explotación de recursos: se fijan penas de hasta 20 años de prisión para personas involucradas en la extracción no autorizada de recursos no renovables, alcanzando también a proveedores, accionistas, socios y controlantes de las firmas infractoras.
• Multas económicas e inhabilitaciones: las multas se calculan en valor equivalente a barriles de petróleo —oscilando entre 4.000 y 500.000 barriles para recursos renovables y hasta tres millones para los no renovables—, sumando la inhabilitación absoluta para operar en el país, la pérdida de beneficios fiscales y la aplicación de juicio en ausencia.
• Defensa y espacio aéreo/marítimo: el proyecto modifica la Ley de Defensa Nacional para contemplar amenazas estatales y no estatales, incorporando protocolos estrictos para el uso de la fuerza sobre aeronaves hostiles o buques extranjeros bajo expresa autorización presidencial o del Ministerio de Defensa.
• Consejo de Seguridad Nacional y medidas excepcionales: se crea un organismo presidido por el mandatario e integrado por ministros clave y áreas de inteligencia, facultado para disponer medidas urgentes ante amenazas graves (como restricciones cambiarias, bloqueo temporal de activos y aranceles).
• Financiamiento político y antiterrorismo: se prohíben de forma taxativa los aportes de personas jurídicas extranjeras y no residentes a campañas electorales, y se otorga rango legal al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).