La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) expresó su más enérgico respaldo a la jueza de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, Marta Pascual, y denunció una escalada de ataques y hostigamientos que no sólo afecta a la magistrada, sino que se ha extendido al personal del organismo a su cargo.

El pronunciamiento gremial surge a raíz de la fuerte reacción oficial y de las presentaciones legales —incluyendo pedidos de juicio político y denuncias penales impulsadas por sectores políticos y organizaciones— tras la resolución que suspendió preventivamente por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia.

Reclamo a las autoridades y defensa de la independencia judicial

Ante el clima de tensión institucional desatado por el fallo, la organización sindical fijó los siguientes posicionamientos y demandas:

• Intervención institucional: la AJB exigió la adopción urgente de medidas por parte de la Suprema Corte bonaerense, la Procuración General y el Ministerio de Justicia de la Provincia para garantizar la seguridad física y laboral de los trabajadores del juzgado, así como su normal funcionamiento.
• Límites en la discusión jurídica: el gremio sostuvo que si bien una decisión judicial puede ser cuestionada o revisada mediante las vías recursivas ordinarias del sistema legal, bajo ningún punto de vista se deben convalidar campañas de persecución, amedrentamiento o desprestigio público hacia quienes imparten justicia.
• Respaldo a las facultades constitucionales: la entidad reafirmó que el fallo dictado en el marco de un hábeas corpus colectivo —fundamentado en la falta de infraestructura para alojar a menores— se inscribe en el ejercicio legítimo de las atribuciones de la magistrada, advirtiendo sobre la gravedad de que funcionarios del Gobierno nacional alimenten presiones contra la independencia del Poder Judicial.