10/9/2026 | 14:34         
ARGENTINA-MUNDO
Demanda judicial contra Mercado Pago por costos financieros que alcanzan el 1.375% anual
Una asociación de consumidores presentó una acción colectiva en la Justicia Comercial para revisar las tasas aplicadas en préstamos personales. La medida podría alcanzar a unos siete millones de usuarios en todo el país.
Demanda judicial contra Mercado Pago por costos financieros que alcanzan el 1.375% anual

La plataforma Mercado Pago enfrenta una demanda judicial de carácter colectivo impulsada por la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA), representada por el abogado Diego Espasandín. El expediente tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires y cuestiona los costos aplicados en determinados créditos de consumo, cuyo Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) puede superar el 1.300%.

Desde la compañía señalaron que las tasas responden a sistemas de evaluación de riesgo para créditos de bajo monto destinados a clientes con escasa información crediticia, aclarando que este segmento representa aproximadamente el 2% del total de los préstamos otorgados.

Ejes de la demanda y alcance de la medida

Los aspectos centrales del litigio judicial y las estimaciones de la entidad demandante comprenden los siguientes puntos:

  • Cuestionamiento de tasas y CFTEA: si bien la Tasa Nominal Anual (TNA) informada oscila entre el 48% y el 249%, el cálculo del CFTEA en el extremo superior alcanza el 1.375,94%, cifras que desde ACFRA consideran desproporcionadas en comparación con los parámetros del sistema bancario tradicional (cuyos costos rondan entre el 160% y el 400% anual).
  • Revisión y devolución de sumas: la asociación pretende que la Justicia revise los montos cobrados en los últimos tres años y ordene la devolución de aquellas sumas percibidas de manera indebida por la utilización de estas líneas de financiación.
  • Impacto potencial sobre usuarios: a partir de una acción iniciada por dos consumidoras, la demanda busca un alcance colectivo que podría beneficiar a un universo estimado por la entidad de hasta siete millones de personas en todo el país, cuya procedencia y eventual resarcimiento deberán ser determinados por el tribunal interviniente.