En el marco de las definiciones estratégicas fijadas por el Poder Ejecutivo Nacional, la mesa política del Gobierno —encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei— acordó remitir la próxima semana a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Soberanía Nacional. La iniciativa busca endurecer el régimen sancionatorio contra firmas hidrocarburíferas que operen sin autorización argentina en el archipiélago atlántico, al tiempo que se confirmó el viaje de los ministros Carlos Presti (Defensa) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) a Tierra del Fuego para coordinar la construcción de la Base Naval Integrada.
En paralelo a la agenda legislativa, la Casa Rosada amplió el listado de inhabilitaciones notificando a 15 nuevas compañías internacionales y promovió una denuncia penal contra la firma Navitas Petroleum ante el Juzgado Federal N° 12, a cargo del juez Julián Ercolini.
Puntos centrales de la iniciativa y de la agenda gubernamental
Los aspectos salientes acordados en la reunión de conducción política comprenden los siguientes ejes:
- Alcance del proyecto de Ley de Soberanía Nacional: la propuesta persigue tres metas centrales: endurecer las penas de la Ley 26.659 habilitando el juicio en ausencia para empresas y proveedores sin autorización, crear un Consejo de Seguridad Nacional interministerial (Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía) y dotar al Estado de herramientas diplomáticas y económicas ante amenazas soberanas.
- Despliegue territorial e infraestructura de defensa: los titulares de las carteras de Defensa y Cancillería viajarán a Ushuaia para avanzar en los aspectos técnicos de la Base Naval Integrada, un activo logístico clave para la proyección antártica y del Atlántico Sur.
- Sanciones corporativas y denuncias judiciales: con las 15 firmas notificadas este martes, se eleva a 60 el total de empresas apercibidas por violar la normativa nacional en torno al proyecto de extracción petrolera Sea Lion en las Islas Malvinas.
