5/9/2026 | 11:28         
ARGENTINA-MUNDO
Cancillería sumarió a 45 empresas y personas físicas por la explotación petrolera en Malvinas
El Poder Ejecutivo activó los procedimientos administrativos de la Ley 26.659 contra operadoras, accionistas e inversores del proyecto Sea Lion y otras firmas en el Atlántico Sur.
Cancillería sumarió a 45 empresas y personas físicas por la explotación petrolera en Malvinas

Tras los anuncios efectuados en cadena nacional por el presidente Javier Milei, la Cancillería Argentina y la Secretaría de Energía formalizaron el inicio de sumarios administrativos y procedimientos sancionatorios contra un listado de 45 empresas, directores y fondos de inversión. La medida responde a la participación directa o indirecta en tareas de exploración y explotación de hidrocarburos no autorizadas en la plataforma continental de las Islas Malvinas.

La nómina abarca a firmas licenciatarias, grupos accionistas y prestadores de servicios radicados principalmente en el Reino Unido e Israel, además de entidades financieras de Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Sudáfrica y Kazajistán.

Alcance de las sanciones y nómina de involucrados

Las disposiciones legales contempladas bajo el marco de la Ley 26.659 aplican inhabilitaciones comerciales, restricciones financieras y prohibiciones para operar en el territorio continental:

  • Licenciatarias e inversoras principales: el expediente alcanza a las operadoras del yacimiento Sea Lion, Navitas Petroleum (Reino Unido/Israel) y Rockhopper Exploration (Reino Unido), junto a sus respectivas filiales e integrantes de su directorio como Gideon Tadmor y Samuel Moody.
  • Entidades y fondos de inversión: se incluyó a grupos financieros y aseguradoras accionistas como Harel Insurance, Migdal Insurance, The Phoenix Holdings y Meitav Investment House (Israel), además de fondos de inversión internacionales como Vanguard, First Eagle e Interactive Investor.
  • Sanciones aplicables: el proceso determina la inhabilitación para participar en licitaciones energéticas locales, bloqueos de activos comerciales en el país e impedimentos de ingreso al territorio nacional para personas físicas implicadas.