El gobierno de la provincia de Buenos Aires inició una investigación formal sobre las principales empresas de tecnología financiera (fintech) que operan en el país. A través del Ministerio de la Producción, conducido por Augusto Costa, el Ejecutivo bonaerense busca transparentar la forma en que plataformas como Mercado Libre/Mercado Pago, Ualá, Naranja X, Personal Pay y Brubank aplican sus algoritmos para fijar tasas de interés y determinar los componentes del Costo Financiero Total (CFT).
Durante una conferencia de prensa, el gobernador Axel Kicillof advirtió sobre la aplicación de eventuales multas que podrían alcanzar los $1.883 millones en caso de detectarse cláusulas comerciales abusivas. Al no contar con facultades de regulación bancaria directa —competencia del ámbito nacional—, la administración provincial canalizará los controles a través de las herramientas de la Ley de Defensa del Consumidor.
Cargos ocultos, algoritmos y nivel de endeudamiento
Desde la cartera productiva señalaron que el CFT de los créditos otorgados por billeteras electrónicas suele duplicar o triplicar la tasa nominal informada al usuario en las ofertas comerciales. Entre las conductas bajo análisis se destacan:
- Falta de información visible: la omisión de los costos reales y adicionales que componen la cuota final.
- Variabilidad algorítmica: el cobro de tasas diferenciadas según los hábitos de consumo y la capacidad de pago inferida de cada usuario.
- Condiciones contractuales: la aceptación automática de nuevos términos al continuar usando las plataformas y la inversión de la carga de responsabilidad ante fallas de seguridad.
Diagnóstico sobre la morosidad y postura económica
Durante la presentación, el mandatario bonaerense precisó que el 60% de la población adulta del país presenta deudas, y que 1 de cada 5 personas se encuentra en situación de mora. Según los datos expuestos, el incumplimiento de pagos en las billeteras virtuales escaló del 5,7% al 24,5% en los últimos meses.
Kicillof cuestionó la postura del Gobierno nacional al considerar que el endeudamiento no es una decisión aislada entre privados, sino una consecuencia directa de la pérdida del poder adquisitivo en salarios y jubilaciones que empuja a los hogares a tomar crédito para cubrir gastos cotidianos.
