El endeudamiento de las familias en la provincia de Buenos Aires experimentó un cambio estructural y pasó de asociarse a la adquisición de bienes durables a convertirse en un mecanismo para sostener los consumos básicos cotidianos. Según un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo bonaerense en 97 partidos del territorio provincial, el 56,9% de los hogares que tomaron créditos durante el último año destinó los fondos a la compra de alimentos.
El estudio expone que el financiamiento responde directamente a la insuficiencia de ingresos para afrontar gastos esenciales. Detrás de la alimentación, los principales destinos del endeudamiento reportados por las familias son los gastos de vivienda y alquiler (30%), el pago de servicios de luz y gas (29,5%) y la cobertura de prestaciones de salud (28,5%).
Financiamiento informal, atrasos y brecha en hogares monomarentales
El informe pone de relieve la vulnerabilidad financiera y las condiciones abusivas a las que acceden numerosos núcleos familiares:
* Uso de crédito no bancario e informal: El 51,9% de los hogares recurrió a vías de financiamiento no bancarias o informales, ya sea en forma exclusiva (11,3%) o combinada con préstamos bancarios tradicionales (40,6%).
* Persistencia de la deuda: El 73,5% de los hogares que se endeudaron en el último año mantiene deudas activas. Para cuatro de cada diez familias, la cancelación de compromisos financieros insume más de la mitad de sus ingresos mensuales.
* Dificultades y morosidad: Ocho de cada diez hogares endeudados manifestaron complicaciones para cumplir con los pagos, registrando un 31,7% de atrasos en las cuotas y un 4,8% de situaciones judicializadas. Además, el 84,1% indicó que las dificultades persisten desde hace más de seis meses.
* Impacto en hogares monomarentales: La brecha se acentúa en los hogares a cargo de mujeres, donde el nivel de endeudamiento activo alcanza al 82,1% y la recurrencia a vías informales asciende al 59,2%.
Las autoridades de la Defensoría advirtieron sobre los riesgos del crédito informal para cubrir gastos corrientes, ante la falta de transparencia, costos excesivos y menor nivel de protección para los consumidores.
