En una sesión atravesada por intensas negociaciones políticas y reclamos en las afueras del Congreso, el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La Cámara alta le dio luz verde al texto en general por una ajustada diferencia de 37 votos afirmativos contra 33 negativos, gracias al apoyo de los 21 senadores de La Libertad Avanza, acompañados por sectores de la UCR, el PRO y bloques provinciales.

A pesar del triunfo parlamentario para la gestión de Javier Milei, la norma aprobada dista del texto original presentado por la Casa Rosada. Tras haber aceptado bajar el capítulo sobre la extranjerización de tierras rurales para destrabar la sesión, el oficialismo sufrió un nuevo revés durante la votación en particular al no conseguir los apoyos de legisladores aliados para modificar la Ley de Manejo del Fuego, por lo que las restricciones para el uso comercial de tierras incendiadas se mantendrán vigentes.

Desalojos sumarísimos y duras críticas de la oposición

El núcleo del proyecto que logró prosperar en el recinto está centrado en la aceleración de los procesos judiciales y la limitación del accionar estatal en materia patrimonial:

El capítulo sobre desalojos fue aprobado con 36 votos afirmativos y establece que las causas por ocupaciones ilegales tramitarán bajo la vía sumarísima para acortar drásticamente los plazos de restitución de inmuebles a sus propietarios.

Se aprobaron modificaciones que endurecen los requisitos y las indemnizaciones vinculadas a los procesos de expropiación estatal.

Defensores del dictamen, como Agustín Coto y la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, destacaron que la ley repara injusticias históricas, frena las usurpaciones y brinda previsibilidad jurídica. Por su parte, la oposición encarnada en el interbloque Justicialista calificó la iniciativa como inconstitucional, denunciando que las modificaciones sobre los dictámenes se entregaron a pocos minutos de iniciar el debate y desatendieron la función social de la tierra.

Con la aprobación de las reformas al Código Civil y Comercial y al régimen de desalojos, el Poder Ejecutivo logra cerrar el trámite legislativo de una de sus iniciativas centrales, aunque con un texto recortado en sus aspiraciones ambientales y territoriales.