El debate por la flexibilización de la Ley de Tierras sumó un nuevo capítulo de fuerte rechazo desde la gestión bonaerense. Luego de que el oficialismo nacional anunciara modificaciones para intentar destrabar la votación en el Senado, la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, calificó la propuesta como "una trampa" y advirtió que el cambio de redacción vulnera la protección de áreas productivas y de bienes naturales.
La funcionaria puso la lupa sobre el punto medular de la reforma. Si bien desde la Casa Rosada presentaron el tope del 25% como una concesión frente a los bloques aliados, la nueva versión elimina por completo las restricciones que la legislación actual aplica a nivel departamental o municipal.
Concentración focalizada y recursos sensibles
De acuerdo con el análisis presentado por la cartera ambiental, medir el límite de propiedad extranjera únicamente sobre el total de la superficie provincial genera una distorsión peligrosa. Al desaparecer el techo por departamento, una sola empresa o particular internacional podría adquirir grandes extensiones en un municipio específico —donde se concentren cuencas de agua, salares de litio o cordillera— sin alcanzar jamás el porcentaje máximo fijado a nivel provincial.
Como ejemplo de esta vulnerabilidad, Vilar citó casos donde zonas turísticas o mineras representan un porcentaje menor del territorio de una provincia, pero contienen la mayor parte de sus recursos estratégicos. Bajo el nuevo esquema, la concentración de tierras en esos sectores específicos quedaría habilitada sin restricciones locales.
Alertas por agua, fronteras y límites por titular
Desde la administración provincial señalaron que el texto impulsado en el Congreso incluye otros retrocesos normativos respecto al régimen vigente:
La quita de la protección explícita sobre ríos, lagos y espejos de agua permanentes.
La eliminación de la barrera de 1.000 hectáreas por titular en las zonas de mayor productividad agrícola.
La supresión del límite del 30% fijado para compradores de una misma nacionalidad.
La habilitación para adquirir inmuebles en franjas de seguridad o zonas de frontera.
Con este posicionamiento, el gobierno bonaerense busca coordinar posturas con otras provincias y senadores de bloques independientes para frenar la aprobación del capítulo tal como fue redactado, exigiendo que se mantenga el control riguroso sobre cada jurisdicción municipal.
