La puja distributiva y de competencias entre la administración de la provincia de Buenos Aires y el Poder Ejecutivo Nacional sumó un capítulo de alta tensión jurídica y previsional. El Gobierno liderado por Axel Kicillof defendió formalmente la validez legal del traspaso de aportes jubilatorios desde la Anses hacia el Instituto de Previsión Social (IPS), una medida de carácter obligatorio que alcanza en una primera instancia a unos 20.000 trabajadores pertenecientes a diversas empresas públicas controladas por el Estado provincial.
La controversia escaló luego de que el gobierno del presidente Javier Milei interpusiera una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, respaldó la iniciativa impositiva alegando coherencia institucional: "Creemos que es lo que corresponde porque son empresas estatales de la provincia de Buenos Aires y, por lo tanto, corresponde llevar adelante los aportes en la Caja Provincial para luego jubilarse con el beneficio bonaerense". El funcionario acusó a la Casa Rosada de entablar la demanda judicial con el único fin de obstaculizar la gestión local y retener recursos económicos de manera indebida.
El origen legal de la medida y los argumentos de la Casa Rosada
El núcleo técnico de la disputa se concentra en la aplicación del **artículo 59 de la Ley de Presupuesto 2026**, sancionada por la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Esta normativa dispuso que las sociedades y empresas del Estado provincial redireccionen los aportes patronales y personales hacia el IPS, sustrayendo millones de pesos mensuales de las arcas nacionales de la Anses.
Frente a este escenario, los equipos jurídicos del Gobierno nacional fundamentaron su presentación ante el máximo tribunal del país bajo tres premisas centrales:
- Invasión de potestades: Denuncian que la provincia arroga para sí competencias regulatorias en materia de seguridad social que son de resorte exclusivo del Congreso de la Nación.
- Desfinanciamiento del sistema federal: Argumentan que la quita masiva de miles de contribuyentes activos daña la sustentabilidad financiera de la Anses en un contexto de restricción fiscal general.
- Conflicto de sistemas: Sostienen que la obligatoriedad del traspaso genera colisiones normativas y de encuadre laboral que afectan la previsibilidad del régimen previsional integrado.
Por su parte, Bianco retrucó los argumentos de la Nación señalando que la presentación "va en contra de toda la doctrina que históricamente mantuvo la Anses". Según el ministro bonaerense, ante situaciones análogas registradas en el pasado, el organismo nacional siempre se expidió de manera favorable, convalidando que el personal de organismos descentralizados o empresas públicas subnacionales tribute en sus respectivas cajas provinciales.
Empresas públicas afectadas y el segundo frente judicial de los colegios privados
La reconfiguración previsional impacta de forma inmediata sobre los planteles de operarios y profesionales de firmas clave para la infraestructura del territorio bonaerense:
| Empresas Estatales Provinciales Incluidas | Ámbito de Competencia y Cobertura Territorial | Situación de los Aportes Previsionales |
|---|---|---|
| ABSA (Aguas Bonaerenses S.A.) | Servicio de agua potable y cloacas en 95 municipios. | Migración forzosa del personal hacia el IPS durante 2026. |
| Aubasa (Autopistas de Buenos Aires S.A.) | Concesionaria de la Autopista La Plata y el Corredor del Atlántico. | Redireccionamiento de aportes de peajistas y operarios de ruta. |
| CEAMSE, Centrales de la Costa y Bagsa | Gestión de residuos urbanos, generación eléctrica y distribución de gas. | Encuadre técnico dentro del sistema previsional de la provincia. |
| Colegios Privados (AIEPA) | Establecimientos educativos de gestión privada bonaerenses. | Presentaron demanda de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte provincial. |
El frente de conflicto para el gobernador Kicillof se duplicó en el ámbito local. La **Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA)** acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para impugnar el mismo artículo presupuestario.
Desde las cámaras del sector de educación privada advirtieron que la redacción de la ley los fuerza a transferir compulsivamente al IPS las cargas sociales de una masa estimada de entre 50.000 y 55.000 trabajadores en toda la provincia. Este universo comprende a personal auxiliar, maestranza, empleados no docentes y profesores a cargo de materias y talleres extraprogramáticos que, hasta el momento de entrada en vigencia de la norma, realizaban sus aportes de manera regular al sistema de previsión nacional.
