El inicio del mes de julio traerá consigo una fuerte presión sobre los presupuestos familiares debido a una nueva oleada de actualizaciones en los precios regulados y contratos privados de servicios esenciales. Los ajustes se implementarán tras la difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que se ubicó en el 2,1%. Sobre esa base técnica de referencia, tanto las dependencias públicas como las cámaras empresariales activarán las fórmulas de indexación pautadas para el séptimo mes del año.

El paquete de incrementos abarca áreas críticas de la economía hogareña, desde la movilidad diaria y la cobertura de salud privada, hasta los contratos de locación habitacional y las facturas de servicios públicos de red, estas últimas con el componente estacional de mayor consumo por el período invernal.

Alquileres: saltos obligatorios por contratos previos e inflación acumulada

A pesar de que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) nro 70/2023 dictado por la administración de Javier Milei desreguló el mercado inmobiliario derogando la Ley de Alquileres, los contratos firmados bajo la vigencia de la antigua normativa deben ser respetados de forma estricta hasta su vencimiento. El impacto para las familias inquilinas se dividirá según el tipo de indexación pactada:

• Contratos bajo la ley anterior: Los inquilinos que deban afrontar la actualización anual regulada por el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central sufrirán una suba del 31,54% en el valor de sus mensualidades. Este indicador promedia en partes iguales la evolución de la inflación y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
• Contratos con ajuste por IPC: Las locaciones modernas que acordaron actualizaciones según el costo de vida tomarán como referencia las inflaciones acumuladas: el ajuste trimestral se ubicará en el 8,1%, el cuatrimestral alcanzará el 11% y el semestral trepará al 16,7%.

Transporte público: fuerte incremento del boleto en la provincia de Buenos Aires

A partir del 1ro de julio, viajar en colectivo por el territorio de la provincia de Buenos Aires será un 4,1% más caro. La Secretaría de Transporte provincial aplica un mecanismo de actualización mensual automática que toma el IPC del INDEC más un adicional de 2 puntos porcentuales, con el argumento técnico de garantizar la regularidad del servicio frente a la quita de subsidios. El nuevo cuadro tarifario para usuarios con tarjeta SUBE registrada quedó estructurado de la siguiente manera:

• Tramo mínimo (de 0 a 3 kilómetros): Pasará a costar un piso de $ 1.057,25.
• Tramo intermedio (de 3 a 6 kilómetros): Tendrá un valor de $ 1.189,39.
• Tramo medio (de 6 a 12 kilómetros): Se elevará a los $ 1.321,55.
• Tramo largo (de 12 a 27 kilómetros): Alcanzará una tarifa de $ 1.585,89.

Las autoridades confirmaron que se mantendrá vigente el descuento del 55% correspondiente a la Tarifa Social Federal para jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y demás asignaciones de la ANSES.

Prepagas y servicios públicos: la medicina y la energía se actualizan en invierno

En lo que respecta a la salud privada, al menos cinco de