Un horror prolongado durante casi cinco décadas entró en su etapa de definiciones penales en los tribunales federales. El Ministerio Público Fiscal solicitó penas de entre 3 años y 9 meses y 24 años de prisión para 27 personas acusadas de integrar una violenta organización criminal que, amparándose en la fachada de una congregación evangélica denominada Templo Filadelfia, captó, aisló y sometió a condiciones de servidumbre a decenas de ciudadanos en situación de extrema vulnerabilidad.
Los pedidos de condena fueron articulados por el fiscal general Alberto Gentili durante el cierre de su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San MartÃn, integrado por los magistrados Fernando Machado Pelloni, Walter Venditti y Claudia Morgese. El debate oral, que se inició en octubre de 2024 y sumó el testimonio de más de 200 testigos, ventila graves delitos de asociación ilÃcita, trata de personas con fines de explotación laboral, reducción a la servidumbre, supresión de identidad y abusos sexuales agravados.
Medio siglo de alienación mental y control absoluto
La investigación judicial determinó que la red criminal funcionó de manera ininterrumpida entre 1972 y diciembre de 2020. La base de operaciones central estaba radicada en la localidad de San Justo, partido de La Matanza, pero extendÃa ramificaciones comerciales y de captación en diversos puntos del interior de la Argentina, Paraguay y Brasil. Al menos 25 vÃctimas directas fueron identificadas y asistidas por los programas estatales de rescate.
En su exposición doctrinaria, el fiscal Gentili remarcó que el expediente exhibe la peor matriz de la criminalidad organizada, combinando violencia de género sistemática y ultrajes hacia la niñez y la adolescencia:
- Poder heterónomo: El fiscal describió que los lÃderes ejercÃan un dominio groseramente intenso no solo sobre los cuerpos de los fieles, sino sobre sus deseos, elecciones afectivas y proyectos individuales de vida.
- Matrimonios y castigos: Las vÃctimas eran obligadas a casarse con las personas asignadas por la cúpula bajo el ritual de las llamadas "Fiestas del Señor". Quienes intentaban rebelarse o cuestionar las directivas eran sometidos a castigos fÃsicos, humillaciones colectivas, confinamiento y traslados compulsivos entre las distintas sedes del paÃs.
Duras penas y decomiso de un imperio inmobiliario
La solicitud de pena más severa recayó sobre Eva Petrona Pereyra, de 82 años de edad, sindicada como la máxima autoridad viviente de la estructura y conocida en el ámbito de la secta como "la tÃa Eva". El fiscal requirió que sea condenada a la pena de 24 años de reclusión en un penal federal. Según la acusación, la mujer comandaba el clan junto a su hermana Divina Luz Pereyra y su sobrina Adriana del Valle Carranza, ambas fallecidas antes del inicio del juicio.
Asimismo, la FiscalÃa solicitó una condena de 21 años de cárcel para el jefe operativo de la organización, Rigoberto Ismael Mora Bogado, y escalas de entre 5 y 18 años para los restantes 25 implicados, entre los que figuran colaboradores cercanos, administradores y punteros de los talleres clandestinos.
Además de las restricciones efectivas de la libertad, el Ministerio Público Fiscal demandó el decomiso inmediato de 48 bienes inmuebles distribuidos estratégicamente en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Entre RÃos, Salta, Córdoba y RÃo Negro, junto con una flota de 16 vehÃculos utilitarios. Estas propiedades eran utilizadas para montar panificadoras clandestinas y obras de construcción donde las vÃctimas trabajaban sin descanso, sin salario y en condiciones de hacinamiento crónico.
El alegato fiscal concluyó exigiendo una profunda reparación económica integral para los sobrevivientes de la secta, cuyos montos serán calculados en base a los informes técnicos de los organismos de lucha contra la trata. El proceso judicial entrará en cuarto intermedio y se reanudará la próxima semana con las exposiciones de las defensas de los imputados.
