Un masivo e histórico golpe contra las redes de delitos de índole sexual digital dirigidos a menores de edad se ejecutó de forma coordinada en el territorio bonaerense. Un total de 121 allanamientos conjuntos se desplegaron en 76 localidades de la provincia de Buenos Aires en el marco de la denominada “Operación Bonaerense Protección de las Infancias VII”. Se trata de la séptima ofensiva de estas características coordinada por los fiscales referentes en delitos de grooming, ciberpedofilia y abuso sexual infantil del Ministerio Público bonaerense.
El megaoperativo tuvo un fuerte impacto e implicancia en nuestra región del noroeste provincial. Según informó el Ministerio Público Fiscal, las fiscalías especializadas que funcionaron como nodos centrales de investigación y detección de objetivos incluyeron de forma directa a las sedes de los Departamentos Judiciales de Junín y Pergamino, las dos jurisdicciones judiciales que rodean y comprenden la actividad penal del partido de Rojas y las localidades vecinas. El propósito técnico de las fuerzas civiles y policiales fue desarticular nodos de distribución, combatir la proliferación de material de abuso en entornos virtuales, y frenar casos de acoso en línea.
El alcance de los allanamientos en la región y la provincia
Las tareas investigativas previas determinaron un total de 138 objetivos de alta peligrosidad tecnológica, de los cuales se lograron concretar de forma simultánea 121 órdenes de registro domiciliario. Los procedimientos abarcaron las siguientes jurisdicciones clave:
* Nodos regionales: La operatividad de las denuncias digitales se canalizó y procesó a través de los centros de investigación criminal de Junín y Pergamino, cubriendo el mapa de la zona.
* Resto de la provincia: Los allanamientos se extendieron a los departamentos judiciales de Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca (incluyendo la sede descentralizada de Tres Arroyos), Dolores (con el nodo General Madariaga), La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Moreno-General Rodríguez, Morón, Necochea, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana. Incluso, las inspecciones alcanzaron una unidad carcelaria de la provincia donde se detectó que internos ya detenidos por delitos afines continuaban operando en entornos digitales.
Detalle de los investigados y perfiles de riesgo
Las autoridades judiciales confirmaron que el operativo arrojó la identificación y sujeción a procesos penales de 111 personas implicadas en el tráfico de material y captación de menores. Del total de los sospechosos individuales, se constató que 106 corresponden a varones y 5 a mujeres.
El análisis de los perfiles de los investigados encendió las alarmas de los equipos interdisciplinarios de los ministerios intervinientes debido al nivel de proximidad familiar e institucional que mantenían los sospechosos en sus comunidades:
* Contacto con menores: Se detectó de forma fehaciente que seis de las personas investigadas se desempeñaban formalmente en actividades laborales o civiles de contacto diario y directo con niños, niñas o adolescentes.
* Antecedentes: Entre los objetivos principales alcanzados por los allanamientos se identificó a un sospechoso que ya registraba antecedentes penales firmes por abuso sexual infantil.
* Menores involucrados y víctimas: Los equipos de triage e investigación digital detectaron que dos jóvenes menores de 18 años participaban de la cadena de difusión del material. Asimismo, en las viviendas allanadas se identificó la presencia de 37 menores de edad convivientes y se logró poner a resguardo a cuatro posibles víctimas directas de abuso sexual infantil.
Cientos de dispositivos tecnológicos secuestrados
La recolección de pruebas materiales e informáticas resultó masiva en las distintas localidades intervenidas. Con el fin de desarmar los servidores y resguardar la prueba digital antes de que fuera borrada de las redes, las fuerzas policiales lograron secuestrar un arsenal de conectividad que quedó a disposición de los peritos informáticos de Junín y Pergamino.
En total se incautaron 80 computadoras de escritorio y notebooks, 160 dispositivos de almacenamiento masivo (discos externos y pendrives) y 165 teléfonos celulares con líneas activas de comunicación. Además, en los operativos domiciliarios se procedió al secuestro preventivo de dos armas de fuego. Durante el transcurso de los mismos allanamientos, los especialistas en informática forense del Ministerio Público lograron realizar 31 peritajes preliminares rápidos (sistemas de triages) sobre el material digital recolectado en caliente, lo que permitirá agilizar el dictado de prisiones preventivas y el procesamiento de los implicados.
