Durante la actividad, realizada en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), los expositores concluyeron que Cristina Fernández de Kirchner cumple su prisión domiciliaria bajo condiciones más restrictivas que las impuestas a otros condenados por delitos de índole federal, tales como narcotráfico o delitos de lesa humanidad. Los dirigentes coincidieron en señalar que las medidas no responden a criterios jurídicos objetivos, sino a una determinación orientada a limitar su actividad pública y obstaculizar la reorganización de su espacio político.

Datos comparativos presentados en la Facultad de Derecho

El documento presentado detalla variables específicas sobre la aplicación del régimen de arresto domiciliario en el sistema federal:

* El informe da cuenta de que más de la mitad de las personas detenidas por delitos de lesa humanidad en el país no utilizan dispositivo de tobillera electrónica y reciben visitas en sus domicilios sin restricciones.

* En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el reporte señala que existen seis personas detenidas bajo la carátula de asociación ilícita y ninguna de ellas cuenta con restricciones en materia de visitas.

* Los consejeros indicaron que, dentro del universo de personas privadas de la libertad por delitos vinculados al ejercicio de la función pública, la ex mandataria es la única sometida a limitaciones para recibir concurrentes, controles de desplazamiento interno y monitoreo electrónico simultáneo.

Declaraciones de los expositores y críticas al Poder Judicial

El consejero Rodolfo Tailhade defendió la centralidad política de la ex presidenta y manifestó que, a pesar de la condena, la prisión y las restricciones, continúa posicionándose como una de las dirigentas más importantes del país, con niveles de imagen destacados incluso en mediciones de opinión pública independientes.

A su turno, la consejera Vanesa Siley vinculó la situación habitacional y judicial de la ex mandataria con antecedentes de persecución histórica a líderes de movimientos populares. Afirmó que en el proceso no se respetó el principio de inocencia ni el derecho a ser juzgada por magistrados imparciales, argumentando que las garantías fundamentales terminan siendo vulneradas bajo formalismos institucionales.

Por su parte, el senador Mariano Recalde caracterizó a Cristina Kirchner como una "presa política" y sostuvo que el esquema de detención actual tiene como objetivo disciplinar a la dirigencia peronista para evitar transformaciones estructurales. Hacia el cierre del panel, la senadora Anabel Fernández Sagasti cuestionó severamente el funcionamiento del Poder Judicial argentino y apuntó contra la actual conformación de la Corte Suprema de Justicia, señalando que la administración de justicia atraviesa una profunda crisis institucional derivada de disputas corporativas internas.