El Gobierno nacional implementó un nuevo esquema digital para la dispensa de medicamentos en farmacias con el objetivo de validar la identidad de los pacientes mediante herramientas electrónicas y reemplazar de forma definitiva los registros en papel. La medida se formalizó a través de la resolución 638/2026 del Ministerio de Salud, publicada este viernes en el Boletín Oficial. La normativa otorga a los comercios del sector un plazo de 180 días de adecuación para que modifiquen sus plataformas operativas y garanticen la trazabilidad de los fármacos.

El uso de credenciales digitales y tokens de seguridad

Uno de los cambios estructurales de la normativa es el reconocimiento oficial del token digital como un método válido y seguro para identificar al usuario al momento de la entrega de los medicamentos. Estas herramientas de autenticación deberán ser provistas por plataformas autorizadas. Asimismo, la resolución regula el retiro por parte de allegados:

* Autorización delegada: Cuando un tercero acuda a la farmacia en representación del paciente, podrá acreditar el trámite mediante una autorización o credencial digital delegada por el titular de la receta.

* Registro de identidad obligatorio: A pesar de la digitalización de las credenciales, los establecimientos comerciales tendrán la obligación de registrar el documento de identidad de quien retire físicamente los productos.

* Respaldo de información: Los locales farmacéuticos deberán conservar de manera digital todos los datos de facturación vinculados a cada operación para auditorías o eventuales controversias.

Integración federal con la Ley de Recetas Electrónicas

La nueva disposición complementa de manera directa la aplicación de la Ley de Recetas Electrónicas, buscando unificar el proceso sanitario desde la prescripción del profesional médico hasta la entrega final en el mostrador. Desde la cartera de Salud señalaron que la actual heterogeneidad de los sistemas informáticos dificulta la interoperabilidad y la consolidación de estadísticas a nivel federal. Con este avance hacia estándares comunes, el Estado busca generar información unificada y útil para el análisis epidemiológico y optimizar la toma de decisiones sanitarias en todo el territorio argentino.