La iniciativa parlamentaria apunta a desmantelar una de las regulaciones comerciales más arraigadas de la provincia de Buenos Aires. Al buscar la supresión de los trámites de factibilidad provincial obligatorios para las cadenas de gran escala, el bloque de La Libertad Avanza pretende facilitar el desembarco de centros logísticos y plataformas de distribución, chocando de frente con la posición histórica de las cámaras empresarias bonaerenses y la actual gestión del Ejecutivo provincial.

1. El proyecto de derogación y el fin del marco regulatorio del año 2001

La propuesta legislativa busca cambiar de raíz el régimen de habilitaciones comerciales en toda la provincia:

• Iniciativa oficialista en el Senado:** El senador de la provincia de Buenos Aires por el bloque de La Libertad Avanza (LLA), Matías de Urraza, formuló y presentó de manera oficial un proyecto de ley destinado a derogar la normativa que regula las grandes superficies comerciales.
• Protección histórica al minorista:** La ley bajo la mira es una normativa vigente desde el año 2001 que establece regulaciones estrictas para la instalación de cadenas de distribución masiva con el objeto explícito de proteger al comercio minorista tradicional.
• Norma apuntada:** El legislador libertario busca la derogación lisa y llana de la Ley 12.573, la cual fue originalmente promulgada a finales del año 2000.
• Alcance de la ley actual:** Dicha legislación provee el marco regulatorio integral que rige para los procesos de instalación, modificación edilicia, ampliación de estructuras y funcionamiento cotidiano de los hipermercados y establecimientos comerciales de gran escala en territorio bonaerense.
• Contexto de origen:** La Ley 12.573 fue impulsada como respuesta a la agresiva expansión de las grandes cadenas comerciales durante la década de 1990, naciendo como una herramienta de planificación territorial y comercial para equilibrar la competencia frente al comercio local.

2. Las dos instancias de control vigentes para los hipermercados

Bajo el esquema normativo actual, cualquier corporación que pretenda radicarse en un municipio bonaerense debe sortear un doble filtro administrativo:

• Instancia obligatoria de factibilidad:** En la práctica actual, cada vez que una cadena de distribución intenta abrir un local de gran escala queda sujeta a la Ley 12.573, debiendo tramitar obligatoriamente la factibilidad técnica provincial.
• Evaluación de las comunas:** En primer término, las cadenas deben obtener la habilitación del municipio correspondiente, donde los equipos locales evalúan los aspectos urbanísticos, la zonificación, las medidas de seguridad, el impacto en el tránsito y el uso específico del suelo.
• Evaluación de la Gobernación:** En segundo término, deben cumplimentar la factibilidad provincial prevista en la Ley 12.573, un examen exhaustivo que analiza de forma pormenorizada el impacto socioeconómico, comercial, urbano y social que el proyecto de gran escala acarreará sobre la comunidad receptora.

3. Argumentos libertarios: Ciudades del interior beneficiadas y proyecciones de empleo

El bloque de La Libertad Avanza fundamenta que la eliminación de este filtro provincial actuará como un dinamizador de la actividad económica regional:

• Foco en el interior bonaerense:** De Urraza aseguró que la derogación de la normativa favorecerá de forma inmediata la radicación de nuevas cadenas comerciales, centros de transferencia logística y plataformas de distribución masiva, especialmente en los corredores regionales y localidades del interior de la provincia.
• Municipios relevados en el proyecto:** El senador libertario destacó de manera puntual los beneficios que recibirían núcleos urbanos como Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Olavarría, Junín, Pergamino, Necochea y San Nicolás.
• Agenda de desregulación:** El dirigente oficialista fundamentó que la iniciativa forma parte de una agenda legislativa coordinada que busca reducir de forma drástica las regulaciones estatales que, según su óptica, desalientan las inversiones privadas y erosionan la competitividad del territorio bonaerense.
• Cálculo de inversiones privadas:** De acuerdo con las estimaciones de los equipos técnicos de La Libertad Avanza, de aprobarse la derogación de la ley, se podrían movilizar inversiones privadas directas por un flujo de entre US$1.500 y US$4.000 millones de dólares en la provincia.
• Estimación de puestos de trabajo:** El proyecto libertario proyecta que la flexibilización normativa posee la capacidad potencial de generar entre 85.000 y 165.000 nuevos puestos de trabajo, computando empleos directos e indirectos en los sectores comercial y logístico.

4. Resistencia empresaria: La defensa del comercio minorista

La intención de liberar los requisitos de instalación de hipermercados reavivó una disputa histórica con los sectores comerciales tradicionales:

• Antecedentes de rechazo:** La intención política de derogar la regulación sobre grandes superficies no es un hecho inédito en la provincia, habiendo enfrentado resistencias previas cada vez que intentó flexibilizarse.
• El rol gremial de FEBA:** Entidades gremiales empresarias de gran peso territorial, como la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), han defendido históricamente la vigencia de la Ley 12.573, colaborando activamente en su aplicación para resguardar la sustentabilidad de los pequeños comercios minoristas de cada pueblo.
• Alineamiento del Gobierno provincial:** La conducción de la Federación Económica bonaerense encuentra un canal de sintonía directa con el actual Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, cuya administración ya adelantó su rechazo a las políticas desreguladoras que pongan en riesgo a las pymes locales.

El Libre Mercado Comercial frente a la Trinchera Pyme: Una Batalla de Modelos en este 2026

El debate en torno a la derogación de la Ley 12.573 sintetiza las dos visiones irreconciliables que pujan por el diseño económico de la provincia de Buenos Aires en este 2026. La postura de La Libertad Avanza, plasmada en el proyecto del senador Matías de Urraza, asume que las normativas de control del año 2001 son rémoras burocráticas que encarecen los bienes de consumo y asustan a los grandes capitales de inversión, privando al interior productivo de infraestructura logística clave. Bajo esa premisa, liberar el suelo bonaerense para que las multinacionales construyan hipermercados a su antojo se presenta como un shock de modernización y empleo indispensable. Sin embargo, la reacción de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) y de la administración de Axel Kicillof desnuda el reverso de la moneda: en un contexto recesivo, desproteger al almacén de barrio, a la fiambrería de la esquina o al pequeño supermercado local para abrirle las puertas sin restricciones a los colosos del supermercadismo equivale a firmar el acta de defunción de miles de pymes familiares. El doble filtro que exige la habilitación municipal combinada con la factibilidad provincial no busca el estancamiento, sino evitar que la competencia desleal arrase con el empleo genuino de los distritos del interior. El Parlamento platense se transformará, así, en el escenario de una pulseada de alta intensidad, donde los fríos números de inversión proyectados por los libertarios —de hasta US$4.000 millones— chocarán contra el arraigo y la resistencia de una red de comercio minorista que se niega a ser desplazada del corazón de sus comunidades en este invierno.