La reforma del sistema de control automotor se instrumentó en el marco de la reestructuración impulsada por el decreto 196/2025. Al publicarse la resolución en el Boletín Oficial, el Estado nacional busca ampliar la oferta y fomentar la competencia entre talleres particulares, eliminando las restricciones de cupos geográficos que regían desde hace tres años. No obstante, el impacto territorial quedará segmentado ante la negativa explícita de las autoridades de la provincia de Buenos Aires de adherir al nuevo marco flexibilizado.

1. Apertura del registro nacional, digitalización y alcance del control

La normativa federal modifica la estructura administrativa de fiscalización para incorporar a todo el parque automotor:

• Reapertura del padrón: La resolución nacional dispuso la reapertura formal del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos para posibilitar la incorporación continua de nuevos prestadores privados al sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO).
• Cambio de denominación institucional: El registro deja de llamarse Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos de Transporte de Pasajeros y Cargas para pasar a denominarse simplemente Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, reflejando su nuevo alcance universal.
• Tipos de vehículos autorizados: Los talleres particulares que logren inscribirse quedarán formalmente habilitados para efectuar los controles sobre vehículos particulares, comerciales, de transporte de pasajeros o carga, y unidades antiguas o especiales, siempre que demuestren la capacidad técnica reglamentaria.
• Plataforma virtual de gestión: El padrón funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Transporte y se caracterizará por ser abierto, público, gratuito y enteramente digital, tramitándose a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD).
• Argumentación del Ejecutivo: El Gobierno nacional fundamentó que la medida busca revertir las trabas introducidas en el año 2023, período en el que se había congelado la incorporación de nuevos talleres, afectando la libre competencia y reduciendo la oferta del servicio para los usuarios.

2. Los cambios clave de la "VTV Nacional": Precios libres y plazos flexibles

El anexo técnico aprobado por la Secretaría de Transporte nacional introduce profundas transformaciones operativas para los distritos que adopten el sistema:

• Tarifas sujetas a libre negociación: El valor económico de la revisión ya no estará fijado por el Estado, sino que quedará sujeto a la libre negociación entre el usuario y el taller. El nuevo anexo establece expresamente que los conductores pactarán libremente el precio de las inspecciones con cada local.
• Flexibilización de plazos para vehículos nuevos: En aquellas jurisdicciones provinciales que decidan adherir a la norma, las unidades particulares nuevas tendrán la obligación de realizar su primera inspección técnica recién a los 5 años de antigüedad.
• Plazos para transporte comercial: Los vehículos destinados al transporte de cargas y de pasajeros nuevos podrán esperar un plazo de hasta 12 meses antes de someterse al primer control técnico obligatoriamente.
• Frecuencia de las revisiones periódicas: La revisión periódica se exigirá cada 24 meses para los automóviles particulares que tengan hasta 10 años de antigüedad. En contraposición, para aquellos vehículos que superen la década de uso, la verificación continuará siendo anual.

3. Auditoría técnica, calibración y envío de datos centralizados

El esquema nacional mantiene exigencias técnicas de estandarización bajo la supervisión de un ente de control federal:

• Organismo de fiscalización: La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será la entidad encargada de auditar y fiscalizar el funcionamiento de las plantas y talleres particulares inscriptos en el Registro.
• Exigencias de infraestructura: Los centros mecánicos privados deberán acreditar ante la CNRT requisitos mínimos vinculados a la infraestructura edilicia, equipamiento de testeo, calibración de instrumentos y conservación física de la documentación de los vehículos.
• Base de datos unificada: Cada local habilitado tendrá la obligación de remitir la información desagregada de cada inspección a una base de datos nacional, cuya implementación operativa fue encomendada a la Subsecretaría de Transporte Automotor en un plazo máximo de 90 días.
• Controles periódicos de maquinaria: Los equipos de medición utilizados para las revisiones deberán someterse a estrictas calibraciones técnicas cada seis meses o cada 6.000 revisiones realizadas, adoptándose el parámetro que ocurra primero.

4. Resistencia bonaerense: El rechazo de la Provincia y la vigencia de la tarifa fija

La administración provincial de Buenos Aires marcó una distancia tajante frente a la ola desreguladora de la Casa Rosada:

• Sin impacto en territorio provincial: Los cambios de flexibilización y apertura anunciados por el Gobierno nacional no impactarán, en principio, en el mapa de la provincia de Buenos Aires, debido a que la medida nacional no se encuentra bajo análisis en los despachos ministeriales platenses.
• Justificación oficial de la Provincia: Fuentes del Ejecutivo bonaerense informaron a la Agencia DIB el rechazo a la desregulación argumentando: “Es muy necesaria la VTV como funciona en la actualidad. Necesitamos mantener los controles en medio de la desinversión que hace Nación en las rutas del país”.
• Costo de la tarifa bonaerense regulada: Al mantenerse al margen de la libre negociación de precios, la provincia de Buenos Aires conservará su cuadro tarifario estatal obligatorio. Actualmente, la tarifa vigente para cumplimentar la VTV de vehículos particulares en territorio bonaerense se ubica en los $97.057 con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ya incluido.

La Grieta Vial de la Desregulación: Controles de Estado frente a Libre Mercado Automotor en este 2026

La publicación de la resolución que reactiva el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica no hace más que profundizar la fractura política y de gestión que separa el modelo desregulador de Javier Milei de la estructura fuertemente regulada que sostiene el gobernador Axel Kicillof. Al habilitar que talleres particulares compitan por el mercado de la RTO a precios pactados libremente y con plazos extendidos hasta los 5 años para autos nuevos, la Nación busca desarmar los monopolios de las plantas concesionadas y abaratar los costos de mantenimiento del parque automotor. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires levantó un muro regulatorio inmediato para defender las plantas tradicionales de la VTV. La justificación de La Plata se apoya en una lógica de trinchera en este 2026: ante el deterioro de las rutas nacionales provocado por el freno a la obra pública, la Provincia sostiene que relajar los controles mecánicos vehiculares o dejar el precio a merced del libre mercado es un riesgo directo para la seguridad vial. De este modo, los bonaerenses se enfrentan a un laberinto jurisdiccional confuso, donde convivirán una tarifa fija provincial de $97.057 con un sistema nacional de libre competencia, forzando a los usuarios a evaluar bajo qué normativa circular para evitar multas en un mapa vial partido por la política.