El proyecto de ley se introdujo en la agenda parlamentaria en medio de un clima de fuerte confrontación entre la Casa Rosada y la gobernación de Axel Kicillof. El propósito central de la medida radica en desafectar del dominio público nacional el emblemático complejo hotelero situado en el partido de General Pueyrredon y ceder a la administración de la provincia de Buenos Aires la totalidad de los inmuebles, instalaciones, bienes muebles y accesorios que componen el predio, bajo la condición estricta de sostener sus funciones históricas.

1. Mecanismo de transferencia y blindaje contra la privatización

El articulado de la ley estipula condiciones regulatorias estrictas para efectivizar la cesión y evitar alteraciones en el uso de la tierra:

• Obligaciones de la Provincia: A cambio de recibir la propiedad de manera gratuita, la administración bonaerense asumirá la obligación legal de mantener inalterable el uso del lugar para el despliegue de actividades turísticas, educativas, recreativas y culturales.
• Padrón de acceso prioritario: El proyecto de los senadores bonaerenses de Unión por la Patria establece que tendrán un acceso preferencial a las prestaciones del complejo los jubilados, pensionados, estudiantes, contingentes escolares, organizaciones sociales y comunitarias, además de las personas con discapacidad.
• Aceptación por ley local: Para concretar la transferencia, la propuesta faculta al Poder Ejecutivo nacional a suscribir los convenios pertinentes con la Provincia de Buenos Aires, la cual deberá aceptar formalmente la cesión mediante la sanción de una ley provincial específica.
• Prohibición explícita de venta: La iniciativa incorpora una cláusula restrictiva que prohíbe de modo Taxativo la venta total del predio y cualquier modificación de su destino público, salvaguardando que la única excepción admisible será una autorización expresa emanada del Congreso de la Nación.
• Reversión de dominio: El texto legal prevé que, ante cualquier tipo de incumplimiento de las condiciones institucionales establecidas, el dominio de la Unidad Turística revertirá de forma automática al Estado nacional.

2. Fundamentos históricos y la denuncia de "vaciamiento"

Los autores de la propuesta fundamentaron la urgencia del traspaso en la necesidad de resguardar el valor patrimonial y social del complejo:

• Origen de la unidad: Los senadores destacaron en sus fundamentos que la Unidad Turística Chapadmalal nació en la década de 1940 en una zona privilegiada de la costa atlántica bonaerense, teniendo como objeto primordial permitir el acceso al descanso a miles de trabajadores de todo el país.
• Protección patrimonial: El documento recuerda que en el año 2013, mediante el decreto nacional n° 784/13, el complejo de Chapadmalal fue declarado formalmente como Monumento Histórico Nacional.
• Acusación de privatización: Di Tullio y De Pedro denunciaron de forma directa que el Gobierno nacional intenta privatizar y vaciar el complejo a través del otorgamiento de concesiones al sector privado, por lo que el proyecto busca la preservación del patrimonio y la protección del acceso al turismo social.

3. El conflicto de base: Pases a disponibilidad y denuncias de negocios inmobiliarios

La pulseada legislativa se desató tras la oficialización de despidos y suspensiones en los complejos hoteleros del Estado:

• La fecha del ajuste: El pasado 26 de mayo, el Gobierno nacional oficializó el pase a situación de disponibilidad de los trabajadores de planta permanente vinculados a las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse (Córdoba), en el marco de una reestructuración interna de la administración pública.
• Alcance de la medida laboral: La decisión se publicó en el Boletín Oficial mediante la resolución 129/2026 de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, afectando por un plazo de seis meses a más de 70 trabajadores de planta permanente de ambas unidades, situación que derivará en despidos formales y que alcanza también al personal contratado.
• Reacción del gabinete provincial: El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, cuestionó la medida calificándola como "la destrucción de un derecho" y acusó a la Nación de avanzar con "un plan sistemático de privatización y vaciamiento".
• La postura de Kicillof: Durante una visita a Mar del Plata para el cierre del Congreso Bonaerense del Trabajo, el gobernador Axel Kicillof denunció que el desmantelamiento del histórico complejo hotelero —construido durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón— por parte de la gestión de Javier Milei esconde "negocios inmobiliarios" detrás de la intención de otorgar una concesión a 30 años del predio.
• El ofrecimiento formal: Ante los medios, el mandatario bonaerense había anticipado la posición que hoy toma forma de ley: "Si el Gobierno nacional, por ineptitud y desinterés, no se puede ocupar de algo que es patrimonio de la historia argentina, charlemos de cómo nos lo transfieren y vemos cómo hacemos para conservar fuentes de trabajo y ponerlo a funcionar".

La Disputa por el Patrimonio Peronista: El Intento de Provincializar Chapadmalal frente al Modelo de Concesiones en este 2026

La presentación del proyecto de ley para transferir la Unidad Turística Chapadmalal a la provincia de Buenos Aires expone una batalla ideológica profunda en torno al rol del Estado y la gestión de los bienes públicos. La decisión de la Jefatura de Gabinete de pasar a disponibilidad a más de 70 trabajadores fijos mediante la Resolución 129/2026 desnudó la intención oficial de avanzar hacia un esquema de concesión privada a 30 años, desarticulando la estructura del turismo social tradicional. Frente a esto, la estrategia de Unión por la Patria busca blindar los hoteles declarados Monumento Histórico Nacional, utilizando el andamiaje legal de la provincia como un dique de contención contra lo que el gobernador Axel Kicillof califica abiertamente como un potencial "negocio inmobiliario". Al establecer prioridades para jubilados, estudiantes y sectores vulnerables, la iniciativa parlamentaria no solo pretende preservar los puestos de trabajo en el partido de General Pueyrredon, sino también retener el control político de un símbolo histórico del bienestar obrero. El nudo del conflicto en este 2026 se traslada ahora a las comisiones del Senado, donde el oficialismo libertario y la oposición confrontarán dos visiones de país irreconciliables: la de la rentabilidad del sector privado mediante la tercerización de infraestructura nacional y la del sostenimiento de los derechos recreativos bajo la tutela y el financiamiento de las arcas provinciales.