La iniciativa oficialista, que busca ser aprobada en el Senado en los próximos días, apunta a reducir el alcance geográfico del régimen de Zona Fría para generar un ahorro fiscal. De avanzar la normativa, se daría marcha atrás con la ampliación territorial aprobada por el Congreso Nacional en el año 2021, lo que desatará un fuerte impacto socioeconómico en las economías domésticas del interior bonaerense justo antes del inicio de los meses de mayor consumo invernal.

1. El proyecto de recorte y el impacto en las facturas residenciales

La reestructuración del subsidio prevé una fuerte reducción de beneficiarios y un retorno a las bases geográficas históricas del beneficio:

• Achique del mapa de cobertura: El proyecto impulsado por el Gobierno nacional propone eliminar la ampliación de 2021 y regresar al esquema original establecido en 2002. Aquel modelo inicial concentraba los descuentos exclusivamente en las provincias de la Patagonia (donde solo se incluía al partido bonaerense de Patagones), la Puna y el departamento mendocino de Malargüe.
• Hogares desprotegidos a nivel nacional: Con esta modificación, quedarán excluidos del beneficio alrededor de 3.350.000 hogares pertenecientes a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis, que habían sido incorporadas en la última extensión legal.
• Usuarios bonaerenses afectados: Dentro de la provincia de Buenos Aires, la quita del subsidio alcanzará de forma directa a 1.240.000 usuarios residenciales repartidos en 94 municipios.
• Magnitud de los aumentos: Para las familias que pierdan el beneficio de la Zona Fría, el impacto en las facturas finales de gas implicará un incremento neto que oscilará entre el 40% y el 100% de aumento.
• La justificación del ahorro fiscal: El sistema se financia teóricamente con un recargo del 7,5% sobre el precio del gas a todos los usuarios del país, equivalente a unos 460.000 millones de pesos. Sin embargo, durante el año 2025, este fondo resultó insuficiente para cubrir los subsidios debido al desfasaje de costos, demandándole al Estado nacional un desembolso extra de 200.000 millones de pesos, cifra neta que ahora el Ejecutivo busca ahorrar con el recorte.

2. Ofensiva de los intendentes: Campañas de firmas, frazadazo y vía judicial

La reacción política en los distritos del interior bonaerense unificó posiciones entre mandatarios de diversos signos partidarios:

• Recolección masiva de firmas: Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) junto a entidades como la Liga de Consumidores, Usuarios y Amas de Casa encabezan petitorios en Mar del Plata, Tandil, Olavarría, Bragado y La Costa, con el objetivo de presentar miles de rúbricas en el Congreso de la Nación.
• Presión de los jefes comunales: El intendente de Castelli, Francisco Echarren, cuestionó con dureza a las autoridades nacionales tras la aprobación en su Concejo Deliberante de un repudio generalizado que contó incluso con el aval de los ediles locales alineados con el oficialismo nacional. En sintonía, Ricardo Moccero (Coronel Suárez) tildó la quita de los subsidios como "una locura".
• Protestas en el Congreso: El Foro de Intendentes Radicales anunció que se sumará formalmente al "frazadazo" de protesta que se llevará a cabo frente al palacio legislativo el día en que el Senado debata el proyecto de ley.
• La amenaza del freno judicial: El jefe comunal de Bahía Blanca, Federico Susbielles, anticipó que recurrirá a los tribunales si se consolida la quita: "No nos vamos a resignar. Vamos a solicitar al Concejo Deliberante el acompañamiento necesario para avanzar por la vía judicial en defensa de los intereses de todos los bahienses".
• Hogares en la mira y reempadronamiento: El nuevo esquema estipula que perderán el subsidio más de 1,69 millones de hogares de la zona ampliada cuyos ingresos mensuales superen los 4,1 millones de pesos (equivalentes a tres canastas básicas). En contraposición, se estima que mantendrán la cobertura unos 1.8 millones de hogares ubicados en áreas calificadas con severidad climática, quedando supeditado el padrón final a un proceso de reempadronamiento.

3. Los 94 distritos bonaerenses que perderían el beneficio

El relevamiento de la Agencia DIB detalla las comunas del interior y la costa atlántica que sufrirán la quita del subsidio en sus facturas de gas:

• Nómina de partidos afectados (A-G): 25 de Mayo, 9 de Julio, Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Arrecifes, Ayacucho, Azul, Balcarce, Baradero, Benito Juárez, Bolívar, Bragado, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Castelli, Chacabuco, Chivilcoy, Colón, Coronel Rosales, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Daireaux, Dolores, Florentino Ameghino, General Alvarado, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, General Madariaga, General La Madrid, General Las Heras, General Lavalle, General Paz, General Pinto, General Viamonte, General Rodríguez y General Villegas.
• Nómina de partidos afectados (G-V): Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Junín, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, Lincoln, Lobería, Lobos, Maipú, Mar Chiquita, Marcos Paz, Mercedes, Monte, Monte Hermoso, Navarro, Olavarría, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pila, Puan, Ramallo, Rauch, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saavedra, Saladillo, Salliqueló, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Cayetano, San Nicolás, San Pedro, Suipacha, Tandil, Tapalqué, Tordillo, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas y Villarino.
• Grandes centros urbanos y localidades costeras: También se encuentran en la lista Bahía Blanca y General Pueyrredon (Mar del Plata), siendo esta última una de las ciudades con mayor densidad de usuarios alcanzados. Completan el bloque costero los partidos de Necochea, La Costa, Pinamar y Villa Gesell.

La Tijera Fiscal sobre los Hogares del Interior: La Tarifa de Gas como el Próximo Frente de Tormenta

La decisión de la administración de Javier Milei de recortar el beneficio de la Zona Fría expone la crudeza del programa de ajuste fiscal, trasladando un costo multimillonario directamente a las estructuras de gastos de la clase media y los sectores vulnerables del interior provincial. Intentar ahorrar los 200.000 millones de pesos que demandó el fondo en 2025 mediante la eliminación de 1,2 millones de usuarios bonaerenses constituye una apuesta de altísimo riesgo político. Las facturas de gas, que pasarán a experimentar subas inmediatas de entre el 40% y el 100% en pleno invierno, representan un golpe demoledor para distritos donde el clima invernal no es una variable estadística, sino una realidad rigurosa. La reacción en cadena de los intendentes —que va desde la movilización callejera y el "frazadazo" radical hasta la inminente judicialización de las tarifas— demuestra que los gobiernos locales se preparan para actuar como escudos de contención ante el malestar social. Al fijar un techo de ingresos de 4,1 millones de pesos para habilitar el recorte, la Nación subestima el impacto inflacionario en el bolsillo de los asalariados formales del interior, abriendo un frente de tormenta judicial y político que tensionará al máximo la relación entre la Casa Rosada y los municipios bonaerenses en este 2026.