La protesta sectorial se visibilizó con fuerza sobre la colectora de la avenida General Paz, casi intersección con Constituyentes, donde los manifestantes portaron velas y antorchas para denunciar el impacto de las políticas de ajuste en el entramado industrial del país. Al reclamo de los trabajadores y sindicatos se sumaron el arco político del oficialismo bonaerense y un pronunciamiento unificado de los mandos medios del propio instituto, quienes exigieron canales formales de diálogo institucional ante las autoridades nacionales.

1. Detalles de la movilización y el respaldo del gabinete provincial

La marcha contó con la participación de la comunidad científica y el acompañamiento explícito de funcionarios bonaerenses:

• Consigna de la convocatoria: Bajo el lema oficial “Encendemos la lucha del INTI contra los despidos y el vaciamiento”, cientos de trabajadores estatales se concentraron en las puertas de la sede regional.
• Presencia de Katopodis: El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires y exintendente local, Gabriel Katopodis, asistió a la marcha y manifestó su rechazo a las medidas de la Casa Rosada.
• Defensa del entramado pyme: El funcionario bonaerense afirmó que el INTI representa ciencia aplicada y desarrollo tecnológico indispensable para que las pymes puedan producir. Acusó además al presidente Javier Milei de fundir empresas y vaciar las herramientas de innovación que sostienen a las fábricas y cooperativas de todo el país.

2. El freno judicial a la resolución de quita de prestaciones

Las medidas de fuerza se respaldan en una reciente resolución dictada en los tribunales federales de la jurisdicción de San Martín:

• La decisión del magistrado: El juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto (Juzgado Federal N° 2 de San Martín) dispuso mediante una medida cautelar la continuidad obligatoria de los programas de asistencia técnica, ensayos, certificaciones y transferencia tecnológica del organismo.
• Límite a la normativa nacional: El fallo judicial le puso un freno temporal a la aplicación de la Resolución 42/2026 de la presidencia del INTI publicada en abril, la cual contemplaba la baja de diversas prestaciones industriales provistas por el Estado.
• Impulso sindical: La acción judicial que derivó en la suspensión parcial de la reforma gubernamental fue promovida y presentada originariamente por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

3. Alerta técnica: El documento de los gerentes y subgerentes

Los cuadros profesionales e históricos del instituto elevaron una dura carta al presidente del INTI, Miguel Romero, expresando las consecuencias técnicas del ajuste:

• Pérdida de 700 puestos de trabajo: Los mandos medios rechazaron el proyecto oficial denunciando que el cierre de unidades operativas clave provocará de forma directa la eliminación de más de 700 empleos de alta calificación.
• Daño irreparable al patrimonio nacional: Advirtieron que desarticular los equipos destruirá capacidades de alta especificidad acumuladas durante casi siete décadas, cuya reconstrucción futura resultará sumamente compleja y costosa para la República Argentina.
• Afectación del carácter federal: Los directivos señalaron que el debilitamiento administrativo golpea la presencia territorial del INTI en las distintas provincias, limitando el acompañamiento tecnológico justo en un escenario recesivo que demanda mayor asistencia.
• Falta de criterios institucionales: Denunciaron la circulación de información no oficial sobre cesantías y reasignaciones arbitrarias, lo que atenta contra la previsibilidad de los servicios y proyectos de investigación que el instituto ejecuta diariamente para el sector privado.

La Trinchera Tecnológica del INTI: El Conocimiento Científico como Barrera contra el Ajuste Estructural

La marcha de antorchas en la sede de San Martín expone que el plan de reforma del Estado encuentra un núcleo de resistencia con alta legitimidad técnica dentro del sector científico argentino. Al documento político del ministro Gabriel Katopodis se le sumó un dato insoslayable: la rebelión abierta de los propios gerentes y subgerentes del INTI, quienes decidieron romper el verticalismo institucional para advertir que la pérdida de 700 profesionales significará un golpe letal para la competitividad de las pymes nacionales en este 2026. El amparo dictado por el juez Portocarrero Tezanos Pinto funciona como un respirador artificial temporario que resguarda las certificaciones y los ensayos estatales, pero no resuelve la incertidumbre de fondo que paraliza los laboratorios. Destruir el capital intelectual acumulado en casi setenta años bajo la premisa de la modernización fiscal representa un perjuicio de difícil retorno para la soberanía tecnológica del país. En las próximas semanas, la capacidad del gobierno para abrir una mesa de diálogo consensuada determinará si el INTI conserva su capilaridad federal o si se encamina hacia un vaciamiento crónico que dejará a la industria argentina sin su principal soporte técnico de validación internacional.