La nueva dilación administrativa expone las profundas dificultades que enfrenta el Poder Ejecutivo provincial para consolidar un marco regulatorio unificado que unifique los criterios de explotación agrícola con las demandas de protección ambiental. Con esta decisión, el marco operativo en los campos bonaerenses continuará atado al relevamiento de ordenanzas locales y a las intervenciones particulares de la Justicia, que ya ha emitido fallos restrictivos de aplicación en diversos municipios del territorio provincial.

1. Los objetivos fijados para el nuevo período de suspensión

De acuerdo con lo expresado por la cartera agropecuaria bonaerense, el plazo de 120 días será utilizado para profundizar herramientas digitales y de control territorial:

• Receta Agronómica Obligatoria: Durante las próximas semanas se continuará trabajando en el desarrollo e implementación del denominado Sistema de Gestión Integral de la Receta Agronómica Obligatoria (SIGIRAO).
• Protocolo para áreas sensibles: Las áreas técnicas del gobierno buscan avanzar en la confección de un protocolo idóneo y específico para coordinar las pulverizaciones en las llamadas zonas de amortiguamiento o áreas sensibles circundantes a los centros urbanos.
• Georreferenciación de restricciones: Se destacó el progreso en el sistema de georreferenciación que permite volcar y representar gráficamente las limitaciones territoriales vigentes para las aplicaciones de agroquímicos en cada distrito.

2. Las herramientas preexistentes y el trabajo con los municipios

La resolución del Ministerio que encabeza Javier Rodríguez recuerda los instrumentos técnicos que se vienen articulando en los últimos años:

• Observatorio de Agroquímicos: El texto destaca el rol del Observatorio Técnico de Agroquímicos, un organismo creado en el año 2020 con la finalidad específica de acopiar e integrar información científica y técnica rigurosa sobre el uso de fitosanitarios y sus efectos colaterales.
• Articulación comunal: Se remarcó el sostenimiento de mesas de trabajo conjunto con las administraciones municipales para relevar y unificar el mapa de las ordenanzas locales vigentes, midiendo las capacidades reales de fiscalización y control de cada distrito.

3. Crónica de una ley congelada: Los antecedentes de la resolución 246

La normativa bajo análisis arrastra un historial de fuertes controversias políticas y reparos por parte de organizaciones civiles:

• El origen en la gestión Vidal: La resolución 246 fue dictada a finales del año 2018 por el entonces Ministerio de Agroindustria de la gobernación de María Eugenia Vidal. Sin embargo, su sesgo permisivo despertó el inmediato rechazo de organizaciones ambientalistas debido a que no fijaba distancias mínimas de prohibición para fumigaciones y limitaba el cuidado en torno a las escuelas rurales únicamente a la franja del horario escolar.
• Primer freno preventivo (2019): Ante la masividad de los reclamos, la propia administración de Agroindustria suspendió su entrada en vigencia en febrero de 2019 por el término de un año, instando a los productores a “abstenerse en forma total de realizar aplicaciones y pulverizaciones de fitosanitarios” en las inmediaciones de los colegios.
• Treinta prórrogas consecutivas: Con la llegada de Axel Kicillof al Ejecutivo provincial, la mesa interdisciplinaria no logró destrabar un punto de equilibrio definitivo. La publicada este viernes representa la trigésima prórroga consecutiva de una normativa que, a más de ocho años de su confección original, jamás logró entrar en plena vigencia operativa en la provincia de Buenos Aires.

El Laberinto Regulatorio del Agro: La Falta de una Política de Estado que Paraliza las Reglas en el Campo

La trigésima prórroga de la resolución 246/18 desnuda la incapacidad de la dirigencia política para saldar una de las discusiones socio-productivas más sensibles de la provincia de Buenos Aires. Al estirar el congelamiento normativo por otros 120 días, el Ministerio de Desarrollo Agrario opta por ganar tiempo administrativo antes que asumir el costo de convalidar una regla fija que deje insatisfechos tanto al potente sector agroindustrial como a los colectivos ambientalistas. Que una norma diseñada en 2018 sume casi una década sin poder aplicarse demuestra que el problema no es meramente técnico, sino de consenso estructural. En este 2026, la ausencia de un protocolo unificado para áreas sensibles obliga a delegar la gestión del riesgo en la georreferenciación de ordenanzas municipales dispersas o, peor aún, en la judicialización permanente de la producción. Mientras los equipos técnicos perfeccionan el sistema SIGIRAO y analizan variables científicas en el Observatorio, los productores y los vecinos de los pueblos del interior continúan rehenes de una peligrosa anomia regulatoria, donde la falta de una política de Estado clara termina perjudicando tanto la previsibilidad económica de las cosechas como la protección efectiva de la salud comunitaria.