La ofensiva legal de la administración provincial pone bajo la lupa los contratos de adhesión que aceptan millones de usuarios para comprar, vender o utilizar herramientas de financiamiento digital. Al estructurar la imputación en torno al artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, las autoridades de contralor denunciaron la existencia de un desequilibrio sistémico en las condiciones del servicio, argumentando que la plataforma transfiere sus riesgos operativos y de facturación directamente a los clientes, limitando además su derecho de acceso a la justicia.

1. Origen de la fiscalización y volumen de reclamos

Las actuaciones administrativas se originaron a partir del monitoreo estatal sobre las plataformas de consumo masivo:

• Actuación de oficio: Desde la gobernación indicaron que la fiscalización fue iniciada de oficio por los inspectores de la Dirección Provincial de Defensa de los Consumidores, independientemente de las demandas particulares vigentes.
• Récord de conflictividad: El comunicado oficial reveló que Mercado Libre se consolidó como la firma con mayor cantidad de reclamos en la provincia de Buenos Aires, registrando un total de 2.396 denuncias individuales únicamente durante los primeros cuatro meses del año.
• Alcance de la auditoría: El análisis pormenorizado de los contratos se centró en los términos y condiciones generales de uso de todo el denominado "ecosistema MELI", abarcando los contratos de préstamos personales y las reglas de la billetera virtual Mercado Pago.

2. Las diez cláusulas abusivas identificadas por la Provincia

La autoridad de aplicación constató que el paquete contractual de la firma presentaría severas infracciones a la Ley Nacional N° 24.240, detallando los siguientes puntos observados:

• Indeterminación de tarifas y cambios unilaterales: Se detectaron pautas de indeterminación en el cobro de tarifas y mecanismos de aceptación tácita de modificaciones en los contratos, obligando al usuario a ligarse a nuevos términos sin un consentimiento expreso.
• Traslado de culpas y exención anticipada: Los contratos imponen el traslado de responsabilidad al usuario por el uso no autorizado de su cuenta, consagran una exoneración de responsabilidad de la empresa ante fallas técnicas del sistema y fijan una exención de responsabilidad de manera anticipada a favor del proveedor.
• Afectación de fondos y cuentas de terceros: Se observaron herramientas de compensación obligatoria entre cuentas y, de forma más crítica, la ejecución de débitos sobre cuentas de terceros totalmente ajenos al contrato original.
• Caducidad y blindaje legal: La plataforma incluyó una cláusula de indemnidad a favor de la empresa, la caducidad automática de plazos por incumplimientos futuros indeterminados y la fijación de una jurisdicción judicial exclusiva, lo que bloquea y dificulta el acceso a la justicia para los consumidores del interior.

3. Plazos procesales y la millonaria sanción económica

La firma de Marcos Galperin ya fue formalmente notificada en sus domicilios corporativos y debe ceñirse al procedimiento administrativo legal:

• Cinco días de plazo: Mercado Libre cuenta con un plazo perentorio de cinco días hábiles e improrrogables para presentar su descargo por escrito. En dicha presentación deberá acreditar personería jurídica y fijar domicilio legal en la ciudad de La Plata.
• Opción de adecuación: Frente a la imputación, la compañía dispone de la opción de formular una propuesta de adecuación, modificación o supresión total de las cláusulas observadas para regularizar los contratos y dar por cerrado el expediente sin sanción.
• Multa en expectativa: En caso de rechazar las observaciones o no presentar una readecuación que satisfaga a la Dirección de Defensa del Consumidor, la administración provincial avanzará con una multa económica que podría alcanzar los $1.815 millones.

Variable de la Imputación Provincial	Detalles Contractuales Observados	Estadísticas de Conflicto en la Provincia	Instancia Procesal y Sanciones (2026)
Universo Bajo Control	Ecosistema MELI: Términos de uso, Mercado Pago y créditos.	2.396 denuncias en el primer cuatrimestre.	Notificación formal cursada por Defensa del Consumidor.
Abusividad Detectada	Fijación de jurisdicción exclusiva y aceptación tácita de cambios.	Violación al Artículo 37 de la Ley Nacional N° 24.240.	Desequilibrio manifiesto de derechos en perjuicio del usuario.
Exoneración de Riesgo	Traslado de culpa por fallas técnicas y uso no autorizado.	Más de diez cláusulas con presuntas infracciones ilegales.	Obligación de supresión o readecuación contractual.
Plazo de Respuesta	Fijación de domicilio electrónico y físico en La Plata.	5 días hábiles de carácter improrrogable.	Presentación obligatoria de descargo por escrito.
Apercibimiento Económico	Falta de readecuación o rechazo de los cargos provinciales.	Métrica penalizada según gravedad del impacto masivo.	Multa potencial superior a los $1.815 millones.

El Fin de la Letra Chica Digital: El Estado Provincial Frente al Monopolio de las Condiciones de Adhesión

La imputación masiva dispuesta por el gobierno de Axel Kicillof contra Mercado Libre rasga el velo de infalibilidad y desprotección que suele rodear a los gigantes tecnológicos del comercio electrónico. Amparados en la comodidad del servicio, los contratos de adhesión del "ecosistema MELI" se habían transformado en verdaderos códigos de inmunidad corporativa, donde el usuario, con un simple clic, aceptaba transferir sus datos, eximir a la firma de fallas técnicas, habilitar débitos en cuentas ajenas y renunciar de antemano a litigar en los tribunales de su propia localidad. Que la Provincia intervenga de oficio exhibiendo un récord de casi 2.400 quejas en solo cuatro meses demuestra que la masividad de una plataforma no la sitúa por encima de la Ley de Defensa del Consumidor. En este 2026, forzar a la empresa de Marcos Galperin a suprimir estas cláusulas abusivas bajo la amenaza de una multa de $1.815 millones no es una persecución regulatoria, sino un acto de estricta justicia contractual. El mensaje es contundente: el cariz digital de una transacción no suspende la vigencia de los derechos ciudadanos, y la comodidad del "carrito de compras" no puede pagarse entregando la soberanía legal de los consumidores.