La vuelta de las clases a las plazas públicas representa una profundización del plan de lucha de los sindicatos de la educación superior. Tras haber agotado las instancias de debate en el Congreso de la Nación, donde la norma fue ratificada de forma consecutiva, la comunidad universitaria traslada el epicentro del reclamo a las puertas del Poder Judicial de la Nación, buscando que los magistrados actúen como un contrapeso institucional ante las facultades delegadas del Ejecutivo.
1. Cronograma de la protesta y expositores confirmados
La actividad educativa y de visibilización política se estructuró para ocupar gran parte de la jornada del martes en la Plaza Lavalle:
- Extensión del reclamo: Las cátedras abiertas se dictarán de manera ininterrumpida **desde las 11:00 hasta las 17:00**, permitiendo la rotación de estudiantes y profesores de distintas facultades.
- Ejes de la denuncia: Los organizadores explicaron que las clases abiertas apuntan a exponer ante la ciudadanía el impacto del ajuste presupuestario, el cual “golpea salarios de los no docentes, el sistema de becas de apuntes y comedor, la investigación del Conicet” y el normal funcionamiento edilicio de los complejos de estudio.
- Mesa de debate central: A partir de las 15:00, la jornada contará con un panel especial integrado por la abogada laboralista (UBA) **Natalia Salvo**; los diputados nacionales del Partido Justicialista **Lucía Cámpora** e **Itaí Hagman**; y el secretario general del Sindicato de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA), el antropólogo **Pablo Perazzi**.
2. La postura de la Casa Rosada: Equilibrio fiscal inflexible
El presidente Javier Milei mantiene una postura de rechazo absoluto a la flexibilización de los fondos universitarios, amparándose en su programa macroeconómico:
- Falta de asignación de recursos: El argumento técnico esgrimido por el Ministerio de Capital Humano señala que la Ley 27.795 es inaplicable debido a que “no especifica la fuente de financiamiento real” para cubrir los aumentos de gastos operativos y la recomposición de los salarios.
- Estrategia de bloqueo por decreto: Para eludir la normativa —que debió atravesar cuatro votaciones principales en el Congreso entre los períodos legislativos de **2024 y 2025** para sortear los vetos presidenciales— el Poder Ejecutivo optó por suspender sus efectos mediante un decreto de necesidad y urgencia, apelando sistemáticamente cada uno de los fallos judiciales de primera y segunda instancia que favorecieron a las universidades.
3. El Consejo Interuniversitario lleva el caso a la Corte Suprema
La batalla por los recursos de la educación pública ingresó en su etapa de definiciones institucionales definitivas:
- Presentación del CIN: Los rectores nucleados en el **Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)** formalizaron la presentación de un documento técnico y jurídico de extrema gravedad institucional ante la **Corte Suprema de Justicia de la Nación**.
- Dictamen definitivo: El máximo tribunal de la República ya se encuentra en condiciones procesales de emitir un fallo definitivo que determine la constitucionalidad del decreto de suspensión presidencial o, por el contrario, ordene al Ministerio de Economía la inmediata liberación de los fondos educativos aprobados por el Parlamento en este **2026**.
| Organismo / Actor Político | Acción / Estrategia Desplegada | Argumento Central / Demanda | Instancia del Conflicto (2026) |
|---|---|---|---|
| Sindicatos y Estudiantes (FEDUBA) | Dictado de clases públicas frente a Tribunales. | Ajuste crítico sobre salarios, becas de estudio e investigación. | Movilización activa de 11:00 a 17:00 en Plaza Lavalle. |
| Poder Ejecutivo Nacional (Milei) | Suspensión de la norma por decreto y apelaciones. | La ley pone en riesgo el equilibrio fiscal por falta de fuente de financiamiento. | Inflexibilidad presupuestaria ante los reclamos del Congreso. |
| Consejo de Rectores (CIN) | Presentación de recurso judicial directo. | Exigir la implementación inmediata de la Ley N.º 27.795. | A la espera de un dictamen definitivo de la Corte Suprema. |
Guerra de Poderes: Las Aulas en la Calle como Presión sobre el Silencio de la Corte
El traslado de las facultades a las escalinatas del Palacio de Tribunales expone la mudanza estratégica del conflicto universitario hacia el terreno estrictamente legal. Al haber blindado el presidente Milei sus decretos de ajuste bajo la premisa indiscutible del "déficit cero", los gremios de la educación superior comprendieron que la llave del presupuesto ya no está en los despachos de Capital Humano ni en los pasillos de un Congreso que ya legisló en dos oportunidades a favor de las universidades. La consigna “Señores jueces, que Milei cumpla la Ley” es un dardo directo dirigido a los despachos del cuarto piso de Talcahuano 550. Con las cuentas operativas al límite y salarios docentes licuados por la inflación, el Consejo Interuniversitario Nacional busca que la Corte Suprema rompa su habitual parsimonia de tiempos procesales y emita un fallo político de alto impacto. Frente a un Poder Ejecutivo que desoye las leyes del parlamento, la comunidad universitaria busca forzar una definición judicial que determine si el equilibrio fiscal de la Casa Rosada puede estar por encima de la legislación nacional y el derecho a la educación superior en este **2026**.
