La medida busca asimilar el régimen de penalidades comerciales al sistema de faltas de tránsito o de otros organismos de control, donde se premia la resolución rápida del conflicto. Con esta modificación, el Poder Ejecutivo intenta cortar los extensos plazos de litigio que suelen licuar el valor real de las multas aplicadas por la Secretaría de Comercio.

1. Condiciones para Acceder al Descuento del 50%

El nuevo inciso reglamentario establece requisitos de tiempo y de conducta administrativa sumamente estrictos para mantener el beneficio financiero:

• Plazo Perentorio: Los proveedores sancionados dispondrán de un lapso de **diez (10) días hábiles** contados a partir del día siguiente de la notificación oficial de la multa para abonar el monto con la quita de la mitad del valor.
• Consentimiento Expreso: Para que el pago voluntario sea validado, la empresa infractora debe **consentir la sanción**, lo que administrativamente implica aceptar la falta cometida y desistir de cualquier descargo posterior sobre ese hecho.
• Cláusula de Exclusión Inmediata: El beneficio quedará anulado de forma automática si el infractor decide interponer el recurso directo judicial previsto en el artículo 45 de la Ley 24.240. Cualquier intento de cuestionar legalmente la multa anula el descuento y restituye el cobro por el 100% del valor original.

2. Fundamentos de la Medida y Comparativa Normativa

En los considerandos del Decreto 377/2026, el Palacio de Hacienda argumentó las deficiencias del sistema de recaudación y penalidades que regía hasta la fecha:

• Falta de Incentivos: El Gobierno señaló que, a diferencia de los códigos de faltas de las provincias o de leyes específicas del comercio interior, la Ley de Defensa del Consumidor carecía de herramientas que estimularan el pago rápido, empujando a las empresas a judicializar cada apercibimiento.
• Estrategia de Dilación: Al no haber ventajas por pagar a término, las corporaciones y comercios apelaban sistemáticamente las multas en los tribunales ordinarios, logrando que los expedientes duraran años y que los montos fijos perdieran impacto real debido a la inflación.

3. Objetivos de la Reforma: Desjudicialización y Eficiencia

La incorporación del pago voluntario persigue un impacto múltiple sobre la estructura del Estado y los costos del sector privado:

• Disminución de la Litigiosidad: Aliviar la carga de expedientes que saturan tanto a las direcciones de inspección administrativa como a los juzgados del fuero Contencioso Administrativo.
• Reducción de Costos Operativos: Evitar los gastos que representan para el Estado el sostenimiento de litigios prolongados (honorarios de abogados fiscales, tasas, notificaciones) y recortar los costos de asesoría legal de las pymes.
• Gestión Pública Ágil: Garantizar una recaudación inmediata de las multas aplicadas, asegurando que el proceso sancionatorio cumpla una función punitiva efectiva y veloz.

Infracción / Acción del Proveedor	Porcentaje de la Multa a Abonar	Plazo Límite de Gestión	Estado del Trámite Administrativo
Pago Voluntario (Aceptación de Falta)	50% del valor fijado (Descuento)	Hasta 10 días hábiles de notificado.	Caso cerrado de forma definitiva. Sin apelación.
Impugnación o Recurso Judicial (Art. 45)	100% del valor fijado (Sin Beneficio)	Según plazos de la ley de procedimiento.	Expediente abierto en etapa de litigio judicial.
Pago Fuera de Término (Sin Apelación)	100% del valor fijado + intereses de mora.	Vencidos los 10 días hábiles iniciales.	Etapa de cobro ejecutivo o prejudicial por el Estado.

El Impacto del Pago Voluntario en la Dinámica Comercial

La vigencia del Decreto 377/2026 redefine las estrategias jurídicas de las empresas ante las denuncias de los usuarios. Al ofrecer una quita del 50%, el Estado genera una fuerte tentación económica para que las pymes y los grandes comercios cierren sus expedientes de forma exprés en lugar de afrontar los honorarios de un proceso judicial de largo aliento. Si bien desde la perspectiva oficial esto agiliza la caja pública y descomprime los tribunales, algunas asociaciones de consumidores advierten que un descuento tan agresivo podría ser interpretado por las grandes cadenas comerciales como un mero "costo operativo" accesible, restándole poder de disuasión a las penalidades por incumplimientos en garantías, publicidad engañosa o fallas en los servicios postventa.