La presentación judicial quedó radicada en el Juzgado Federal N° 3. El eje del conflicto es la Resolución 282/2026, que tasa a la compañía en US$ 45 millones, un valor que, según los denunciantes, no guarda relación con los activos estratégicos ni con la rentabilidad positiva que la empresa ha mostrado en sus últimos balances.
Puntos centrales de la acusación
- Subvaluación: APA sostiene que Intercargo es una empresa rentable con activos significativos y que el precio base de US$ 45 millones implica un presunto "vaciamiento del patrimonio público".
- Delitos imputados: Defraudación por administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica.
- Cuestionamiento al BICE: El sindicato critica que la tasación fuera realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) en lugar de organismos técnicos con mayor tradición en tasaciones estatales.
- Riesgo Laboral: La denuncia advierte sobre el futuro de los 1.500 trabajadores que dependen de la firma tras la privatización total (100% de las acciones).
Defensa del Gobierno
Desde el Ministerio de Economía defienden el proceso bajo los siguientes argumentos:
- Metodología técnica: Afirman que el BICE utilizó el método de "flujo de fondos descontados", estándar internacional para valuar empresas en marcha.
- Ley Bases: El proceso se enmarca en la normativa vigente que habilita la licitación pública nacional e internacional sin participación estatal residual.
- Desregulación: El oficialismo sostiene que la venta busca terminar con el esquema monopólico y mejorar la eficiencia de los servicios de rampa en los aeropuertos.
| Empresa | Precio Base fijado | Situación Operativa |
|---|---|---|
| Intercargo S.A.U. | US$ 45.000.000 | Balance positivo / 1.500 empleados. |
Contexto del Servicio Aerocomercial
Intercargo es una pieza clave en la logística aérea del país, operando en más de una decena de aeropuertos donde brinda asistencia a aeronaves, carga y descarga de equipaje. La denuncia busca frenar la licitación argumentando que se está frente a una posible "estafa al pueblo argentino", mientras el Gobierno acelera el cronograma para desprenderse de la totalidad de la firma antes de fin de año.
