25/4/2026 | 10:13         
REGION-PROVINCIA
Falsas amenazas en escuelas: Buscan que los padres paguen los costos de los operativos
Un proyecto de ley en la Legislatura Bonaerense propone multas para recuperar el gasto de despliegue policial y de emergencias. En caso de menores de edad, la responsabilidad económica recaerá sobre sus tutores legales.
Falsas amenazas en escuelas: Buscan que los padres paguen los costos de los operativos

Frente a la reiterada interrupción de clases y la angustia generada por falsas alertas de bombas o amenazas en establecimientos educativos, el jefe del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, presentó un proyecto para crear el "Régimen de Recupero de Costos Operativos". La iniciativa establece que los autores de estas falsas alarmas deberán hacerse cargo de los gastos que originan, incluyendo la intervención de brigadas de explosivos, bomberos, ambulancias y fuerzas de seguridad. Según el proyecto, cuando el responsable sea un menor, sus padres o tutores legales deberán enfrentar el costo económico mediante un procedimiento administrativo. "Cuidar la educación también es poner límites", señalaron los impulsores de la medida, que busca desincentivar estas conductas que afectan no solo el presupuesto público, sino también la estabilidad emocional de toda la comunidad educativa.

Los puntos clave del proyecto de ley

La propuesta legislativa busca sistematizar la respuesta del Estado ante estos incidentes:

  • Responsabilidad Económica: El infractor (o sus padres) deberá abonar el costo real del operativo de emergencia desplegado.
  • Registro Provincial: Se creará una base de datos de incidentes de amenazas para mejorar la prevención y detectar patrones de comportamiento.
  • Vía de Ejecución: De no cumplirse el pago voluntario, el Estado podrá avanzar mediante ejecución fiscal a través de la Fiscalía de Estado.
  • Sin Nuevas Penas: El proyecto no busca nuevas penas de prisión (ya contempladas en el Código Penal), sino que se enfoca exclusivamente en el resarcimiento económico al Estado provincial.

El impacto del "costo humano" y material

La iniciativa destaca que las consecuencias de estas "bromas" o falsas alertas van mucho más allá de lo económico:

  • Interrupción del aprendizaje: Cada evacuación significa la pérdida de una jornada escolar y la alteración de los exámenes y cronogramas educativos.
  • Recursos Críticos: Mientras la policía y bomberos atienden una falsa amenaza en una escuela, esos mismos recursos podrían ser necesarios en una emergencia real con riesgo de vida.
  • Debido Proceso: El proyecto garantiza que el acusado tenga derecho a defensa y una notificación fehaciente antes de que se determine el monto de la multa.

Situación Consecuencia Actual Con el Nuevo Proyecto
Falsa Alarma de Bomba Costo absorbido por el Estado. Multa a los padres para recuperar gastos.
Responsable Menor Amonestaciones escolares. Responsabilidad civil y económica de los tutores.
Despliegue de Emergencias Desperdicio de recursos públicos. Pago obligatorio del costo operativo (Bomberos, Policía).

¿Qué significa esta medida para las escuelas de Rojas?

Nuestra ciudad no es ajena a la preocupación por la seguridad en las instituciones escolares:

  1. Prevención en el Hogar: De aprobarse la ley, las familias de **Rojas** tendrán un motivo más para dialogar con los jóvenes sobre la gravedad de estas acciones. Saber que una "broma" puede derivar en una multa de miles de pesos para la economía familiar cambia la perspectiva del problema.
  2. Tranquilidad para los Padres: Muchos vecinos de la ciudad sufren la incertidumbre cuando se evacúa una escuela. Un régimen que ponga límites claros podría ayudar a reducir la frecuencia de estos episodios en nuestros colegios locales.
  3. Uso de Recursos Locales: Cuando hay una amenaza en una escuela de la ciudad, se movilizan los **Bomberos Voluntarios de Rojas** y la policía local. Que el Estado pueda recuperar esos fondos permitiría que esos recursos se mantengan siempre listos para emergencias reales en la comunidad.

"Cada falsa amenaza tiene un costo humano que no podemos seguir naturalizando", sentenció De Leo. El proyecto ahora deberá ser debatido en las comisiones de la Legislatura, con la posibilidad de que los municipios bonaerenses también adhieran para fortalecer el control a nivel local.