La provincia de Buenos Aires enfrenta una crisis de seguridad escolar sin precedentes. Según datos del Ministerio Público Fiscal, ya se radicaron 1.000 denuncias por amenazas de tiroteos, carteles intimidatorios y exhibición de armas en redes sociales. Ante la gravedad de la situación, la respuesta judicial dio un giro drástico: en Moreno, tras identificar a siete menores (dos de ellos punibles), la fiscal Alejandra Piqué solicitó el embargo de los bienes de sus padres. El objetivo es que las familias afronten los gastos de investigación y los operativos de la DDI. En Mar del Plata se adoptó una medida similar, siguiendo el ejemplo de Santa Fe, donde cada despliegue policial en una escuela se tasa en unos 6 millones de pesos. "Intimidación pública" es el delito por el que ya notificaron a varios estudiantes tras allanamientos donde se secuestraron armas y dispositivos electrónicos.
Radiografía de una provincia bajo amenaza
El mapa de las denuncias muestra puntos críticos en el conurbano y el interior:
- La Matanza: Lidera las estadísticas con 200 denuncias radicadas ante la justicia.
- Moreno - Gral. Rodríguez: Registró 70 denuncias. Aquí se realizaron 7 allanamientos este martes, logrando identificar a los responsables.
- Secuestro de Armas: En los operativos de la DDI se incautaron armas de fuego (las mismas que los chicos mostraban en redes), celulares, computadoras y consolas.
- Fuera de PBA: En Santa Fe, la situación es igual de crítica, con 65 denuncias en un solo día, la mayoría mediante carteles en baños escolares.
¿Cómo se calcula el costo que deberán pagar los padres?
El embargo no es una cifra fija, sino que depende del despliegue que haya originado la amenaza:
- Fiscalía de Estado: Es el organismo encargado de determinar el valor del daño económico causado al erario público.
- Variables del cobro: Se tienen en cuenta las horas hombre de la policía, el combustible de los patrulleros, el costo de las pericias informáticas y los recursos invertidos en el cambio de protocolos escolares.
- Antecedente 911: El sistema es similar al que se usa para las falsas amenazas de bomba: quien genera el gasto, debe reponerlo.
- Responsabilidad Civil: Aunque el menor sea no punible (menor de 16 años), los padres son civilmente responsables por los daños y perjuicios que ocasionen sus hijos.
| Distrito Judicial | N° de Denuncias | Medida Judicial |
|---|---|---|
| La Matanza | 200 | Investigación en curso. |
| Moreno | 70 | 7 allanamientos y pedido de EMBARGO. |
| Mar del Plata | Pendiente total | Cobro de operativos a los padres. |
| Santa Fe (Ref.) | 65 (en 24hs) | Multas de $5 a $6 millones por operativo. |
¿Qué deben saber las familias de Rojas sobre este tema?
Aunque en nuestra ciudad la situación es más calma, el nuevo criterio provincial rige para todo el territorio bonaerense:
- Control de Redes: Es vital que los padres de **Rojas** supervisen qué fotos o videos suben sus hijos. Una "pose" con un arma (aunque sea de juguete o de aire comprimido) puede derivar en un allanamiento en plena madrugada y una causa penal.
- Consecuencias Económicas: La justicia ya no se limita a la sanción escolar. Un embargo por un operativo policial puede poner en riesgo el patrimonio familiar (casa, autos, sueldos).
- Hablar con los chicos: El delito de Intimidación Pública es serio. Lo que los jóvenes pueden ver como un desafío digital o una "gracia" para no tener clases, para la ley es un acto que altera la paz social y tiene consecuencias permanentes en los antecedentes penales de los mayores de 16.
La jueza de Garantías del Joven, Mirta Guarino, será quien termine de definir los montos de los embargos en los primeros casos de Moreno, sentando un precedente que buscará disuadir a los estudiantes de continuar con estas prácticas.
