Un nuevo frente de tormenta judicial se abrió sobre el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). La controversia estalló tras la difusión de planillas oficiales que muestran pagos y asignaciones de subsidios por un valor aproximado de 252.000 dólares (pesificados al valor oficial de las etapas de cumplimiento) a productoras y proyectos vinculados directamente con familiares del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, uno de los referentes territoriales más cercanos al oficialismo.
El eje de la denuncia penal
La presentación judicial, que ya circula en los tribunales federales, busca determinar si existió tráfico de influencias o negociaciones incompatibles con la función pública. Los puntos centrales de la investigación son:
- Asignación de Fondos: Se investiga si los proyectos beneficiados cumplieron con los concursos de mérito o si recibieron un trato preferencial por el vínculo político.
- Temporalidad de los pagos: Desde el entorno de Valenzuela sostienen que son expedientes iniciados en 2022 y 2023, pero la denuncia señala que las liquidaciones efectivas se aceleraron durante el primer trimestre de 2026.
- Productoras bajo la lupa: La justicia solicitó los contratos y las rendiciones de cuentas de las firmas audiovisuales señaladas para verificar si el dinero se utilizó efectivamente en rodajes o si fue un "desvío neto".
La respuesta oficial: "Herencia y cumplimiento"
Ante la gravedad de las acusaciones, fuentes del Ministerio de Capital Humano y de la nueva intervención del INCAA han salido a aclarar la situación:
- Pagos devengados: Afirman que el Estado Nacional está "obligado por ley" a pagar subsidios ya otorgados por la gestión anterior una vez que la productora presenta los certificados de avance de obra.
- Auditoría en curso: El Gobierno de Javier Milei asegura que estos casos son precisamente los que motivaron la intervención del instituto, buscando separar la "paja del trigo" en el reparto de fondos públicos al cine.
- Descargo de Valenzuela: El intendente ha calificado la denuncia como una "operación política" de sectores que se resisten al ajuste en el área cultural, defendiendo la trayectoria profesional de sus familiares en el sector privado previa a su llegada a la política.
Impacto en la opinión pública de Rojas
En nuestra región, donde el debate sobre el uso de los fondos públicos y el ajuste del Estado es moneda corriente, este caso reaviva la discusión sobre la transparencia. Mientras el Gobierno nacional aplica fuertes recortes en áreas sensibles, la aparición de cifras millonarias destinadas a personas vinculadas al poder político genera un ruido interno difícil de ignorar.
¿Qué sigue en la justicia?
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) ya ha sido notificada para realizar un informe especial sobre estos 252.000 dólares. Si se comprueba que hubo salteo de normativas o que los proyectos no tienen sustento técnico, la causa podría derivar en procesamientos por malversación de caudales públicos. Por el momento, la causa se encuentra en etapa de recolección de pruebas y peritajes contables.
