El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, formalizó este martes el nuevo cuadro tarifario para el servicio eléctrico. El ajuste, que se suma a las subas nacionales de gas, impactará en los consumos realizados a partir del 1 de abril. En nuestra región, la actualización responde a la modificación del Valor Agregado de Distribución (VAD) y a los nuevos precios mayoristas definidos por la Secretaría de Energía de la Nación.

¿Cuánto más vamos a pagar en el interior?

A diferencia de los aumentos más marcados en el Gran Buenos Aires, en el interior de la provincia el impacto promedio residencial se ubica en el 1,3%. Según los datos oficiales, las boletas finales (incluyendo impuestos) quedarían de la siguiente manera para un consumo medio:

• Usuarios N1 (Sin subsidios): Una factura que promediaba los $52.000 pasará a costar aproximadamente $52.650.
• Usuarios con subsidios: Una factura de $33.300 se incrementará hasta los $33.700 aproximadamente.

Alcance de la medida en Rojas y la zona

La Resolución 173/2026 alcanza a las cuatro grandes distribuidoras provinciales y a las cooperativas eléctricas que operan en los distritos del interior:

• Empresas alcanzadas: EDEN (que presta servicio en nuestra zona), EDELAP, EDEA y EDES.
• Clubes de Barrio: Los establecimientos deportivos inscriptos en el registro nacional también recibirán este ajuste en sus cuadros tarifarios.
• Comercios e Industrias: El aumento también se traslada a los sectores productivos, aunque con escalas diferenciadas según el nivel de tensión y potencia contratada.

¿Cuándo llega el aumento al bolsillo?

Es importante aclarar que los nuevos valores se aplican sobre los consumos de abril. Esto significa que el impacto real se verá reflejado en las facturas que los vecinos de Rojas reciban entre finales de abril y el mes de mayo, dependiendo del ciclo de facturación de la prestataria local.

Emergencia energética y actualización

Este incremento se da en el marco de la emergencia energética dispuesta a nivel nacional y provincial, que busca corregir los precios relativos de la economía. El mecanismo de actualización mensual ahora toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Índice de Precios Mayoristas (IPIM) para garantizar que la remuneración de las distribuidoras se mantenga en términos reales frente a la inflación.