La diputada Marcela Pagano (monobloque Coherencia) formalizó una nueva denuncia penal contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presuntas irregularidades en contrataciones del Estado y la concesión del predio Tecnópolis. La presentación judicial, que tomó estado público este jueves, apunta a un posible esquema de "simulación de competencia" en licitaciones de servicios de mensajería masiva por más de $3.650 millones, donde habrían participado empresas con vínculos societarios entre sí para perjudicar las arcas públicas.
El foco en la concesión de Tecnópolis
El punto más crítico de la denuncia radica en la concesión del predio de Tecnópolis, un proceso estimado en más de $183.300 millones gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. Según el escrito, existiría un conflicto de interés directo debido a la relación entre la consultora +Be —propiedad de Bettina Julieta Angeletti, esposa de Adorni— y el Grupo Foggia, vinculado a una de las firmas preseleccionadas para la explotación del predio junto a DirecTV Argentina.
Contratos bajo sospecha y delitos imputados
La investigación también pone la lupa sobre la Secretaría de Comunicación y Medios por la adjudicación a la empresa ATX S.A. de un contrato para el envío de SMS y llamadas automatizadas. La denuncia advierte que las firmas participantes (ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L.) compartirían nexos que anularían la transparencia del proceso. De confirmarse estas conexiones, los hechos podrían encuadrarse en delitos de fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito.
Pedido de medidas de prueba
Pagano solicitó a la Justicia la apertura inmediata de una investigación penal y la producción de medidas de prueba para determinar las responsabilidades tanto de funcionarios como de los empresarios involucrados. El documento, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, detalla un entramado de relaciones comerciales que, según la denunciante, resultan incompatibles con el ejercicio ético de la función pública, sumando una nueva complicación judicial para el hombre de confianza de Javier Milei.
