Una investigación judicial liderada por la Fiscalía N.º 8 de Berazategui dejó al descubierto un escenario de pesadilla en la localidad de La Capilla. Trece niños, que deberían haber estado protegidos, eran sometidos a condiciones de explotación servil, violencia física y hacinamiento extremo. El caso no solo salpica a los responsables directos del hogar, sino que revela una presunta red de encubrimiento dentro de los organismos que debían velar por sus derechos.

Un régimen de explotación y violencia

Los testimonios y las pruebas recabadas por el área de Trata de Personas describen un sistema de castigos y trabajos forzados:

• Trabajo pesado: Los menores realizaban tareas de albañilería, preparaban cemento, levantaban piedras y cortaban cañas con machetes hasta la medianoche, incluso bajo la lluvia.
• Trato denigrante: Eran obligados a recolectar heces de 31 perros y dos caballos en carretillas. En muchos casos, dormían en el suelo junto a los animales.
• Castigos inhumanos: Si los niños se resistían, eran privados de comida o expulsados al exterior durante la noche en jornadas de frío extremo.
• Aislamiento total: Tenían prohibido el contacto con vecinos y no asistían a la escuela para evitar que se filtrara lo que ocurría intramuros.

La complicidad estatal bajo la lupa

Lo más escandaloso de la causa es la presunta participación de funcionarias del Servicio Zonal de Promoción de los Derechos del Niño de La Matanza. Según la acusación, estas mujeres utilizaron información privilegiada para proteger a las dueñas del hogar:

• Alertas por WhatsApp: Una de las funcionarias habría avisado a las detenidas sobre inspecciones judiciales previas, dándoles tiempo para "acondicionar" el lugar y eliminar pruebas de la explotación.
• Encubrimiento agravado: Se investiga si retransmitieron detalles de operativos policiales y puntos de encuentro de los investigadores para garantizar la impunidad de las dueñas.

Acción judicial y detenciones

Tras el allanamiento realizado por el Subcomisario Matías Giménez, se procedió a:

• Arresto de las dueñas: Ambas responsables se negaron a declarar y permanecen detenidas bajo cargos graves.
• Secuestro de pruebas: Se incautaron celulares, computadoras y documentación clave que probaría el vínculo con las funcionarias investigadas.
• Resguardo de las víctimas: Los 13 menores ya fueron identificados y quedaron bajo la protección de organismos competentes (esta vez, bajo estricta vigilancia judicial).

Impacto en la comunidad de Rojas

Este caso reaviva en Rojas el debate sobre la importancia de la fiscalización ciudadana y estatal en los hogares de abrigo y centros de contención local:

• Control de instituciones: Es fundamental que los servicios locales de promoción de derechos en nuestro distrito mantengan protocolos de transparencia para evitar que la cercanía entre funcionarios y directivos de hogares nuble la objetividad de las inspecciones.
• Alerta vecinal: El aislamiento de los menores fue clave para el horror en Varela; por ello, la participación comunitaria y la denuncia ante cualquier signo de irregularidad en instituciones locales es la primera barrera de defensa para los más vulnerables.

Resulta dolorosamente irónico recordar que, hace poco más de un año, este mismo hogar recibía donaciones de juguetes restaurados por internos carcelarios, proyectando una imagen de solidaridad que ocultaba una realidad de esclavitud infantil.