El sistema judicial bonaerense vuelve a ser escenario de un desborde de violencia sin precedentes. Los hechos ocurrieron en el Tribunal Oral N°2 de Florencio Varela (Departamento Judicial Quilmes), luego de que un jurado popular dictara la inocencia de Valentino Perrone, acusado por la muerte de la joven Maia Spinelli en 2024. La disconformidad con el fallo derivó en una horda de agresiones, destrozos e intentos de incendio dentro de la sala de audiencias.

Crónica de una tarde de furia

Lo que debía ser el cierre de un proceso judicial terminó en un ataque coordinado contra las instituciones y las personas presentes:

• Agresión al juez: El magistrado Santiago Zurzolo fue golpeado con un ladrillo en el pecho durante los disturbios.
• Ataque a funcionarios: Otros empleados judiciales fueron agredidos físicamente y una funcionaria sufrió la filtración de su teléfono personal en redes sociales como forma de amenaza.
• Destrozos materiales: Se registraron importantes daños en el edificio y vehículos particulares. Rompieron el auto de un magistrado, el del padre del acusado y las motocicletas de dos jurados, quienes las utilizaban como herramienta de trabajo.
• Resguardo de ciudadanos: Los 12 jurados populares debieron ser escoltados y refugiados en un piso superior para evitar ser linchados por los manifestantes.

¿Por qué el acusado fue declarado no culpable?

Fuentes judiciales explicaron que la decisión no fue de un juez profesional, sino del jurado popular, y se basó estrictamente en las mayorías que exige la ley bonaerense:

• La ley de mayorías: Para delitos que no prevén pena de prisión perpetua, se requieren al menos 10 votos de culpabilidad entre los 12 miembros.
• La votación: El jurado analizó cargos por "Homicidio con dolo eventual" y figuras culposas. En todas las instancias se registraron 8 votos por la culpabilidad.
• Veredicto obligado: Al no alcanzarse el número legal de 10, la ley obliga al jurado a emitir un veredicto de no culpabilidad, aun cuando una mayoría simple lo considere responsable.

Preocupación por el efecto contagio

El Colegio de Magistrados de Quilmes y la AJB expresaron su "más enérgico repudio", recordando que este hecho se suma al ocurrido el pasado 4 de febrero en San Martín, donde una banda narco intentó intimidar al juez Nicolás Schiavo.

Desde las organizaciones judiciales advierten que la seguridad en los edificios públicos está en un punto crítico:

• Indefensión del ciudadano: Señalan que atacar a jurados populares es atacar directamente a la participación ciudadana en la justicia.
• Falta de custodia: Exigen protocolos de seguridad más estrictos para evitar que las salas de audiencia se conviertan en zonas liberadas tras fallos polémicos.

En Rojas, esta noticia genera inquietud en el ámbito legal local, ya que los juicios por jurados son cada vez más frecuentes y cualquier vecino de nuestro distrito puede ser sorteado para integrar uno. La seguridad de quienes cumplen con esta carga pública es hoy la principal preocupación de la magistratura provincial.